En nuestro país las cosas no están bien. Más allá del entorno político, dígase la deficiente administración pública, la falta de técnica en políticas públicas, la corrupción, inseguridad, crimen organizado, crisis sanitaria y económica y un largo etcétera, en la actualidad, quienes más están sufriendo los errores -del pasado y del presente- es la niñez mexicana. No solo hablamos de la falta de oportunidades que tienen las y los niños mexicanos para acceder a educación de calidad, servicios de salud adecuados, hogares seguros para su desarrollo o a una vida digna, sino que también se le suma la explotación laboral y sexual.
En la parte de explotación laboral infantil nos encontramos con que en el 2019 existían 3.3 millones de niñas y niños realizando trabajo, 2 millones de infantes entre 5 y 14 años de edad inmiscuidos en actividades peligrosas, como la agricultura, pesca, ganadería, comercio y demás oficios relacionados al mercado y el 1.3 en labores domésticas con ínfimas condiciones, según los datos reportados en la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI), del INEGI. Las niñas y niños no deberían de estar trabajando y el Estado, sociedad y núcleo familiar debemos de evitarlo.
Sin embargo, aunado a esta situación, encontramos una realidad aún más cruda, abusos (físicos, psicológicos y sexuales) sistémicos hacia la niñez e incluso explotación sexual infantil a lo largo del territorio nacional. Está documentado que los destinos turísticos nacionales e internacionales como los puertos de Acapulco, Guerrero y Vallarta, Jalisco, son considerados centros de explotación y prostitución infantil desde la décaada de los 90 con la complicidad de iniciativa privada y de los gobiernos locales y federales. El más reciente caso con resonancia mediática fue el ocurrido en Puerto Vallarta en septiembre del año pasado cuando un servidor público municipal se le sorprendió abusando sexualmente de una niña de 10 años.
Lo (más) terrorífico es que no son casos aislados. Según el informe “Es un secreto. La exploración sexual infantil en escuelas” coordinado por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) y con contribuciones de académicos, periodistas y expertos, desde el 2011 -año en que se dio la primer denuncia pública-, de los más de 30 niñas y niños abusados sexualmente en el preescolar público “Andrés Oscoy”, en Iztapalapa, de manera organizada. Directivos, profesores y personal de intendencia realizaban actos soeces y despiadados en contra de las y los infantes. Este informe detalla las vilezas cometidas en este y otros 17 centros educativos del país.
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No podemos seguir así. La niñez, adolescencia y juventud de un país debe protegerse como al tesoro más preciado. Observar los comportamientos de nuestros hijos, estar atentos y cercanos a la comunidad escolar, involucrarnos en sus actividades y, sobre todo, escuchar y creer en nuestros niños es una parte fundamental para su desarrollo y para evitar estas aberraciones. También exigir a las autoridades educativas mejores controles psicológicos de todo el personal y, a los gobiernos, una procuración e impartición de justicia real, expedita e inflexible para los culpables. Tenemos que cambiar las cosas, nuestros niñas y niños merecen un país donde nunca más suceda esta clase de degradación y degeneración social. Es una obligación con la niñez y con el futuro del país. #NuncaConLaNiñez.
POR ADRIANA SARUR
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