Democracia al gusto

Se puede vislumbrar que varias contiendas podrían definirse en los tribunales en lugar de las urnas

Democracia al gusto
Carlos Zúñiga / Acceso Libre / Opinión El Heraldo de México

Falta menos de un mes para la elección más grande que se ha organizado en México y el ambiente se está sobrecalentando. Entre las denuncias de intromisión y los hechos de violencia contra candidatos, las cosas no pintan para un buen término. Menos cuando se puede vislumbrar que varias contiendas podrían definirse en los tribunales en lugar de las urnas.

Mientras el presidente López Obrador dedica más tiempo a denunciar presuntos delitos electorales, este proceso está pasando a la historia por la cuota de sangre.

De acuerdo con la consultora Etellek, las agresiones a políticos aumentaron 68 por ciento con respecto al proceso electoral de 2017-2018; las víctimas mortales se elevaron a 14 en lo que va del año, con el asesinato de Abel Murrieta Gutiérrez, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme, Sonora; el número de políticos muertos al 4 de mayo de 2021 era de 79. 

El plan de seguridad anunciado para proteger a los aspirantes naufraga, pero otro plan en paralelo navega viento en popa. 

La ruta para la elección intermedia se definió desde el ascenso al poder de la 4T en 2018: la desconfianza añeja del presidente López Obrador en contra del INE, y sus deseos de arbitrar a su estilo, se materializaron con la llegada de Alejandro Gertz a la Fiscalía General de la República.

Es curioso, pero no casual, cómo las ideas en torno a un tema se vuelven sólidas a pesar del tiempo: como diputado de Movimiento Ciudadano de 2009 a 2012, Gertz Manero propuso reformar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para que los ciudadanos que se abstuvieran de votar sin causa justificada fueran multados y obligados a trabajar en favor de la comunidad. Una propuesta radical. La iniciativa fue retirada a petición del propio diputado el 16 de febrero de 2012.

Las coincidencias de ideas entre el fiscal y el presidente se volvieron estrategia en 2019, cuando se nombró a José Agustín Ortiz Pinchetti como Titular de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales; el ahora fiscal de la FEPADE, como muchos otros funcionarios, ha mantenido una larga y continua amistad con AMLO, siendo integrante incluso de la Coordinadora Nacional de Resistencia Civil contra el desafuero. En algunos lados a esto le llaman conflicto de intereses.

El golpe maestro de López Obrador con todos los jugadores fue la reforma al artículo 19 de la Constitución para dar prisión preventiva para los acusados de corrupción, delitos electorales y robo de combustible, temas torales de la administración, y que han llevado a la fiscalía a actuar sin cortapisas: el caso Lozoya, la prisión del ex senador Jorge Luis Lavalle, Ancira y Altos Hornos, entre muchos. 

De esta forma queda claro el rumbo que tomarán las elecciones. Se avizoran no solo juicios políticos, sino la caída en prisión seguramente de candidatos, consejeros y funcionarios electorales. Para ejemplo, Nuevo León, donde ya se habla de anular la elección o, para evitarlo, que cuando menos un candidato de los punteros deje la contienda. Vaya estilo de democracia.

POR CARLOS ZUÑIGA PÉREZ

@CARLOSZUP

MAAZ


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