Pensar que los discursos de odio como la transfobia, el racismo o el machismo son simplemente “el otro lado de la moneda” de una problemática social y que por tanto debemos escucharles y darles cabida en foros, instituciones o medios de comunicación es precisamente uno de los factores que contribuye a perpetuar los actos de violencia que tantas vidas cobran cada día en todo el mundo, sobre todo en países como México y, particularmente las de las personas más precarizadas. El ejercicio periodístico ha implicado una responsabilidad social desde su origen, pero hoy más que nunca vale la pena subrayar que reproducir desde nuestras plumas y espacios este tipo de mensajes es formar parte de un problema, es ser cómplices de las violencias que cercenan vidas.
Lo señalo porque como sociedad atravesamos por un momento en el que los derechos humanos de los grupos poblacionales históricamente vulnerados son nuevamente puestos en cuestión por gobiernos o políticos de ultraderecha. En el caso específico de México, si bien es cierto que no vivimos gobernados bajo la ultraderecha, sí podemos decir que se registran 11 feminicidios al día y somos el segundo país en el mundo con el mayor número de transfeminicidios. Precisamente por estos motivos me horroriza la idea de que ciertos medios de comunicación y periodistas consideren “objetividad” o “imparcialidad” el reproducir aquellos discursos que históricamente han contribuido con la opresión de mujeres, personas racializadas, indígenas o comunidad LGBT.
Si bien es cierto que aún vivimos en una sociedad profundamente racista, organizar un debate a propósito de la pertinencia o legitimidad de los derechos de las personas racializadas hoy día sería inimaginable. Más aún tras casos como el de George Floyd en Estados Unidos o en medio de un contexto de extrema brutalidad policial como el que estamos atravesando. Sin embargo, en la actualidad hay “debates” inverosímiles que aún nos encontramos en pantalla, en la radio, prensa escrita o digital: me refiero a aquellas charlas en las que se discute si la homosexualidad es una orientación sexual reversible, o bien, si las mujeres trans, hombres trans y personas no binaries son identidades legítimas o, si acaso, ponen en peligro los derechos de otros grupos, como el de las mujeres cisgénero.
Por absurdo que parezca, vivimos una época en la que estas discusiones aún tienen cabida en nuestros grandes medios de comunicación, siempre bajo la premisa de escuchar “a las dos partes”: quiero decir, por un lado a la comunidad LGBT, y por otro, reproducir también las posturas anticientíficas o religiosas de grupos conservadores. Se trata de una situación a la que le debemos poner fin; se trata de un problema que debemos resolver de forma conjunta entre los grupos vulnerados, periodistas y comunicadores. Es un asunto impostergable en tanto en distintas ciudades del mundo se atenta más y más contra los derechos humanos de estos sectores.
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En Estados Unidos, por ejemplo, Florida, Arkansas, Mississippi y Kansas son algunos de los estados en los que ya se ha avanzado contra los derechos de las personas e infancias trans. Pero lo que ahí ocurre no es una situación aislada, pues en México, así como en España, Reino Unido o Argentina, sólo por mencionar algunos países, nos encontramos con aquellas voces “críticas de género”, quienes pugnan por que los derechos de las personas se establezcan única y exclusivamente según el “sexo” con el que se nació, ignorando por completo dos problemáticas: por un lado, que del mismo modo en que el género no es binario, el sexo tampoco lo es; y por otro, que de conseguir su objetivo, lo que veríamos sería una delimitación de lo que sí y lo que no puede hacer con su vida y con su cuerpo una persona según “el sexo con el que nació”... algo contra lo que, se supone, dicen luchar.
Vivimos en una sociedad que se presume democrática, inclusiva, plural, una sociedad en la que defendemos el derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, en la práctica vivimos en una sociedad cuyos medios de comunicación tienen una sobrerrepresentación de hombres blancos cis heterosexuales, en donde las minorías no tienen forma de incidir en el modo en que se realiza la práctica periodística. Esto nos ha llevado a considerar, también, que la libertad de expresión debe ser absoluta cuando claramente tanto nuestra constitución, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos apunta que esta libertad de expresión debe ser acotada en caso de que atente contra los derechos de terceras personas.
Los derechos de las personas trans y la legitimidad de nuestras identidades no tendrían por qué ponerse a discusión o a debate. Apenas el martes le periodista trans Kate Sosin, de la 19th News Org, hacía un llamado a los medios de comunicación estadunidenses, al cuestionarles la presunta representación de la comunidad trans en sus redacciones, particularmente en un momento histórico en el que se atenta contra nuestros derechos. “Editorxs: con todos estos proyectos de ley anti-trans aprobados, necesitan reporterxs trans entre su personal, a tiempo completo. Si su organización de noticias no cuenta con unx reporterx trans, se están quedando atrás”, escribió en Twitter.
¿Qué pasa en México? No dudo que haya profesionales del periodismo y la comunicación trans capaces para ejercer el oficio, pero salvo el magnífico trabajo de le periodiste trans Geo González para Agencia Presentes, no logro ubicar el nombre de algúnx otrx colega trans en nuestros medios de comunicación. Somos pocas voces, pero no por ello menos válidas, y no tendrían que minimizarse o desecharse nuestros cuestionamientos a la pertinencia de realizar “debates” en los que se discuten nuestra existencia y derechos.
Es cierto: cualquier persona tiene derecho a investigar y formarse una opinión y un pensamiento crítico en torno a cualquier tema, por más problemático que éste resulte, pero en nuestra calidad de periodistas, comunicadores o comunicólogxs, no podemos eludir que una cosa es investigar y reflexionar en nuestra individualidad y otra, muy distinta, que sin tener apenas un criterio formado al respecto llevar la discusión a un medio público para que sea la sociedad quien escuche “las dos caras de la moneda” y, con base en ello, decida sobre las vidas de grupos vulnerados.
En los medios y sus periodistas descansa la responsabilidad social de no perpetuar las violencias en contra de las personas trans. Nuestras vidas y nuestros derechos no están a discusión, no se ponen a debate.
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Láurel Miranda es una mujer trans, periodista, licenciada en Ciencias de la comunicación y egresada en Historia del arte por la UNAM. Es SEO Manager en HERALDO Media Group; además, se desempeña como profesora de periodismo multimedia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de Marketing Digital y Planeación de Medios Digitales en la Universidad de la Comunicación. Ama a su familia, sus gatos y el chocolate caliente.