La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que México no será un tercer país seguro y que, a diferencia de políticas anteriores, Donald Trump ha decidido deportar a los repatriados de otras naciones a sus países de origen en lugar de enviarlos a México.
Estas y otras acciones sugieren que la relación entre el estadounidense y la mandataria está tomando un rumbo distinto, al igual que la distancia que Sheinbaum tomó con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
La Presidenta descartó asistir a la reunión de emergencia convocada por Xiomara Castro, mandataria de Honduras y presidenta en turno del organismo, tras el desencuentro entre la Casa Blanca y Colombia, aunque el encuentro fue cancelado ayer por la noche por la propia anfitriona.
Al igual que otros líderes, se ha mantenido al margen del conflicto diplomático entre Trump y el colombiano Gustavo Petro, derivado de las deportaciones de inmigrantes en territorio estadounidense.
Esto refuerza la idea de que tiene su atención enfocada en la relación con el norte. No es para menos: en Palacio Nacional se prevé que el 1 de febrero la Casa Blanca anuncie la imposición de nuevos aranceles a productos mexicanos.
Por esa razón, desde el inicio de la semana, un grupo multidisciplinario sostiene reuniones con la Presidenta para analizar el tema migratorio y calcular el impacto de los posibles impuestos de EU.
Encabezan este esfuerzo los secretarios de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y de Economía, Marcelo Ebrard, junto con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial y Altagracia Gómez, coordinadora del nuevo Consejo Asesor Empresarial.
Anticipan aranceles en productos alimenticios y autopartes manufacturadas en México, lo que provocaría un alza generalizada en precios, un impacto en el tipo de cambio, afectaciones al déficit fiscal y volatilidad financiera.
Ahora, la única esperanza de un golpe menos severo radica en las declaraciones de Trump, quien señaló hace unos días que con México hay entendimientos y acuerdos distintos a los que mantiene con Canadá.
Quizás por esta razón la mandataria está más concentrada en lo que sucede con Washington que en los asuntos del centro y sur del continente.
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EL PROCESO EN COAHUILA para elegir a los integrantes del Poder Judicial ha estado marcado por la opacidad y la falta de imparcialidad. Hay ejemplos muy claros.
El primero: el período de inscripciones fue de solo una semana, sin difusión ni transparencia. De hecho, era difícil localizar el sitio para inscribirse en la página oficial.
Segundo: al menos dos integrantes de los comités de evaluación, criticados a nivel local por su falta de experiencia, se inscribieron en el proceso.
Uno de ellos es Blas José Flores González, quien además de fungir como jefe de gabinete y proyectos en el gobierno de Manolo Jiménez, es uno de los tres integrantes del Comité de Evaluación del Ejecutivo e, incluso, se inscribió ante el comité del que él mismo forma parte.
La otra es Rebeca Boone Villarreal, presidenta de la Asociación de Licenciadas en Derecho, quien se inscribió ante el Comité del Ejecutivo.
Tercero: los integrantes de los comités han sido señalados por no poseer experiencia judicial e, incluso, algunos ni siquiera cuentan con cédula profesional como abogados.
El caso más emblemático es el de Armando Fuentes Aguirre quien, si se busca en la base de datos en línea de la SEP, no aparece con ninguna cédula a su nombre.
Todo esto deja ver que la mano que mece la cuna en el proceso judicial es la del gobernador priista Manolo Jiménez, quien parece obsesionado con tomar el control de otro de los poderes en su estado, algo que no están viendo con buenos ojos en Palacio Nacional.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “México mira con más atención al norte que un vecino chismoso por la ventana”.
POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO
ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM
@ALFREDOLEZ
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