La biometría de acuerdo con los expertos en el tema es la toma de medidas estandarizadas de los seres vivos o de procesos biológicos. De igual manera, se le conoce como el estudio orientado en el reconocimiento inequívoco de personas, basado en uno o más rasgos conductuales o físicos intrínsecos, más no mecánicos.
En términos más simples, los datos biométricos son características ligados a la naturaleza de los seres humanos que por su propia condición son irrepetibles, por ejemplo, las líneas que forman la huella dactilar, el iris de los ojos, las facciones del rostro, el tono de voz, la firma y el ADN, son características que ningún otro individuo tiene y que también se conocen como datos biométricos.
La biometría de igual forma se auxilia de las matemáticas y de la estadística para emplear los rasgos físicos o conductuales como una forma de verificar la identidad de las personas.
Ahora bien, desde la concepción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), se dice que los datos biométricos son universales, ya que son datos con los que cuentan todas las personas; únicos, ya que no existen dos biométricos con las mismas características; permanentes, ya que generalmente se mantienen a lo largo del tiempo; y medibles de forma cuantitativa.
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Lo que la iniciativa de ley refiere en su parte introductoria o argumentativa, es que la utilización de muchos datos biométricos ya se lleva a cabo de manera sistemática en múltiples servicios que forman parte de la vida cotidiana de las personas. Una muestra de ello se da en muchos teléfonos celulares que se desbloquean con huella dactilar, así como también, muchas aplicaciones que se utilizan a diario también tienen reconocimiento facial.
Sin embargo, estos datos también son utilizados como formas de acceder a estaciones de servicio restringido en algunas empresas o instituciones, para trámites migratorios, electorales (el caso de la credencial de elector), además de la clave única de Registro de Población. La información como puede apreciarse ya existe solo que está distribuida en varias esferas de la vida productiva del país.
El objetivo de estos cambios normativos en términos de Seguridad Nacional es agrupar, clasificar y sistematizar todo este volumen de información con la finalidad de poder localizar y rastrear de manera más rápida y eficiente a los delincuentes que apoyados por la tecnología, en especial por la telefonía celular cometen delitos y son difíciles de localizar.
El principal problema de esta nueva ley también es válido mencionarlo, es que busca implementar un sistema de modernización en la utilización de información personal en un país en donde la cultura de la ilegalidad y los niveles de corrupción, si bien han disminuido, aun no son suficientemente confiables para generar la certeza necesaria y asegurar la eficiencia de un Padrón de datos biométricos que no caiga en las manos equivocadas.
El debate al respecto no es sobre la protección de los datos personales y el derecho a mantenerlos restringidos, sino sobre la efectividad, certeza y legalidad con las que los cuerpos de Seguridad Nacional puedan administrarlos y resguardarlos, bajo un estricto criterio de institucionalidad y visión de Estado.
Esta es la razón principal, por la cual la lluvia de amparos promovidos por diferentes usuarios de los teléfonos móviles seguirá en aumento. Por el descrédito que sufren muchas Instituciones en su proceder histórico. El precio de la cultura de la desconfianza es alto.
Por LUIS MIGUEL MARTÍNEZ ANZURES
PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
dza