Cada mañana, vemos cómo desde Palacio Nacional se van desarticulando, con paciencia y persistencia, los hilos que aún mantienen en pie a nuestra joven democracia. Desde el púlpito presidencial de las conferencias se ataca sistemáticamente a toda persona y entidad que no esté alineada al gobierno o muestre el menor grado de independencia: lo mismo organismos autónomos que medios de comunicación o integrantes de la sociedad civil.
En este proceso de centralización, el Poder Judicial tiene un valor estratégico para el Presidente por dos razones. Primero, porque es el único de los tres poderes del Estado que (aún) no controla por completo y mantiene márgenes de autonomía. Segundo, porque la vía judicial es una de las pocas que quedan abiertas al ciudadano como recurso para defenderse de decisiones arbitrarias o ilegales del gobierno.
Esto convierte al Poder Judicial en un actor incómodo, que el régimen pretende subordinar a como dé lugar. No olvidemos que este gobierno ya hizo renunciar nada menos que a un ministro de la Suprema Corte, y que han aparecido grupos de golpeadores afuera de la Corte para tratar de intimidar a sus integrantes. AMLO ha dicho que los abogados que trabajan para el sector privado podrían ser traidores a la patria. El ataque más reciente surgió cuando el Presidente señaló y pidió que “se investigara” al juez segundo especializado en materia de competencia, Juan Pablo Gómez Fierro, porque otorgó una suspensión a la Ley de la Industria Eléctrica.
En una carta dirigida al presidente del Consejo de la Judicatura Federal, el ministro Arturo Zaldivar, AMLO explícitamente pide que no se tome “como excusa” el Estado de Derecho. La carta en la que acusa al juez no tiene fundamento jurídico alguno, pero no se trata de eso. Es una forma de ejercer presión y de amedrentar, de buscar deslegitimar al Poder Judicial ante el público.
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El Poder Judicial está bajo acecho. Lo ha estado desde el inicio, pero los ataques cruzan cada vez más líneas preocupantes. Ante ello, habemos muchas personas en México dispuestas a defender la Constitución y la independencia de los jueces; pero debe ser en primer lugar el propio Poder Judicial, la SCJN y su presidente quienes den muestras de estar dispuestos a defender su propia autonomía.
Si el Poder Judicial no opone resistencia ni utiliza las herramientas a su alcance para evitar que su independencia sea socavada, de poco servirán los esfuerzos en su defensa. Difícilmente se puede proteger a quien no desea ser protegido. La primera batalla debe ser interna para inclinar la balanza al interior de la institución en favor de su autonomía. En medio del contexto de retroceso que vivimos, lo que suceda en el Poder Judicial en los próximos meses marcará la diferencia entre la preservación o el derrumbe de nuestros endebles equilibrios republicanos. Salvar al Estado de Derecho es uno de los últimos eslabones que quedan para frenar el colapso democrático del país.
POR GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE
DIPUTADO CIUDADANO EN LA CDMX
@GUILLERMOLERDO
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