Luego de una serie de declaraciones del gobierno de la Ciudad de México en las que negó que durante la movilización del 8 de marzo se hubieran utilizado gases lacrimógenos en contra de las manifestantes, las evidencias gráficas y testimonios de mujeres que estuvieron en el lugar de los hechos terminaron echando por tierra su versión y tuvo que aceptar que sí existieron.
Fue el subsecretario de Gobierno quien en principio negó “categóricamente” que se hubieran lanzado gases lacrimógenos, sin embargo, al día siguiente la subsecretaria de Desarrollo Institucional de la SSC salió a desmentirlo, dejando mal parado al primero y de paso a la jefa de Gobierno de la CDMX, quien en la víspera había adelantado que no se utilizarían este tipo de dispositivos y menos se reprimiría la manifestación. Ahora será ella quien tendrá que explicar al presidente de la República la razón por la cual contravino el discurso de la 4T, en el sentido de ya no se reprime a nadie, la violencia no se combate con más violencia y que no se utilizarían gases lacrimógenos.
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Para salir al paso de las críticas y partiendo de la premisa de no fueron los policías preventivos los que lanzaron dichos gases, el gobierno de la CDMX se comprometió a investigar de donde provinieron los artefactos (botes, cilindros o granadas) que despedían gas lacrimógeno y quién los lanzó, como si saber quiénes estaban detrás de las vallas resguardando palacio nacional fuera lo más difícil de obtener y requiriera integrar una Comisión de Cámara de Diputados.
Si existiera voluntad política para llegar a la verdad, bastaría revisar la Orden de operaciones de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y “Ayudantía Presidencial” que resguardan la sede del ejecutivo federal y cruzarla con la de la policía preventiva local, particularmente de los que fungieron momentáneamente como “granaderos”, esos que en teoría ya habían desaparecido y que el solo hecho de evocar su nombre saca ronchas en las más altas esferas del gobierno local y federal.
Las labores de identificación serían más fáciles si hubieran permitido que los drones de medios de comunicación sobrevolaran la plancha del zócalo y no los hubieran “bajado” con los sofisticados dispositivos que por momentos causaron confusión por su similitud con los fusiles utilizados por los “francotiradores”, término que también saca de balance a las autoridades de la 4T porque de inmediato los transporta a aquel 2 de octubre de 1968, cuando la mayoría de ellos estaban de otro lado de la raya.
A las repercusiones de este incidente habría que agregar el referente al “encapsulamiento” de un grupo de mujeres, incluidas 4 periodistas, una de ellas de esta casa editorial (El Heraldo de México), quienes fueron privadas de su libertad durante más de 3 horas en las inmediaciones del Metro Hidalgo por parte de elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), sin que haya consecuencias de fondo más allá de la destitución del Director General de la PBI, quien dicho sea de paso ya no fungía como tal desde el 5 de marzo, cuando fue separado de sus funciones pero por otros motivos.
En otros tiempos, un enfrentamiento como este, con un saldo de 19 mujeres lesionadas, hubiera bastado para pedir la renuncia del titular de la SSC e incluso más arriba, solo que los que deberían exigirla hoy son autoridad local o federal e incluso de la CNDH. Si no lo creen basta revisar los periódicos de finales de mayo de 1996, cuando tras una manifestación de profesores disidentes con un saldo de 40 lesionados el entonces Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal fue destituido por haber contravenido el discurso del presidente en turno (Ernesto Zedillo) en el sentido de que “la violencia no debería responderse con violencia”.
Que diferentes se oyen las voces y que distintas se ven las mismas imágenes ahora que gobierna la 4T, hoy nadie pide la renuncia de nadie y los aludidos buscan culpables en el pasado y entre los conservadores antes de asumir su responsabilidad histórica, esa que dijeron que iban a cambiar, pero solo para seguir siendo igual. Ojalá que por dignidad alguien, aunque sea de menor nivel, renuncie a su cargo aunque solo sea para “taparte el ojo al macho”.
POR FACUNDO ROSAS
EXCOMISIONADO DE LA POLICÍA FEDERAL
dgp