El futuro de la reforma eléctrica --y de cualquier reforma o acción relevante de gobierno-, debería pasar la prueba de legalidad o de constitucionalidad ante los jueces federales para legitimarse.
Al menos esa es la teoría. Sólo que en la práctica, desde Palacio Nacional se controlan las decisiones medulares dentro del Poder Judicial de la Federación.
En lo político electoral es un hecho que tienen una mayoría de cuatro votos contra tres en la Sala Superior del Tribunal Electoral. Al presidente de dicho Tribunal, el magistrado José Luis Vargas, lo traen investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Fiscalía General de la República y en medio de un proceso penal que pone en duda todos sus votos a favor del gobierno federal.
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación es claro que el Presidente López Obrador cuenta con cuatro votos que impiden que se alcancen los ocho votos que se requieren (de los 11 integrantes del Pleno) para declarar inconstitucional cualquier reforma legal o controversia que promuevan los gobernadores de oposición.
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También lo es que la Suprema Corte tiene una especial simpatía por el presidente de la República, y que eso le ha ganado críticas por mantener congelados y retrasados los juicios que se han promovido en contra de las reformas claves de la 4T.
Sólo así se explica que en el Pleno de la Corte estén durmiendo el sueño de los justos los juicios en contra de la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, la Ley General de Educación; la construcción del aeropuerto, entre otros.
Hay quienes piensan que habría que confiar en la autonomía de los más de mil jueces y magistrados que integran los juzgados y tribunales federales.
Pero resulta difícil confiar cuando desde el Consejo de la Judicatura Federal --con cinco de los seis consejeros afines a la 4T- se toman decisiones para controlar qué jueces y qué magistrados resuelven los casos más importantes.
Imaginemos lo que sigue ahora en el concurso para seleccionar a 120 magistrados, en donde el Consejo hizo trajes a la medida para que lleguen a este puesto --saltándose la carrera judicial y sin haber sido jueces antes-, personajes cercanos al propio titular del Poder Judicial, de ministros y de Consejeros de la Judicatura.
Se ve venir el control total del Poder Judicial de la Federación, con jueces y magistrados de consigna.
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Por MARTHA ANAYA
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