El Consejero Presidente afirmó: “En un Estado democrático, de derecho, las diferencias de opinión no se persiguen como delitos”. Por desgracia, es precisamente lo que ocurre en esta administración. De facto, se olvidan los recursos institucionales para dirimir controversias y se anulan las posibilidades de la política para construir acuerdos. Perseguir penalmente a miembros de un órgano colegiado por la emisión de su voto es una de las actitudes más autoritarias y carentes de democracia, que ha visto este país en muchos años.
La denuncia ante la FGR contra seis consejeros electorales y el Secretario Ejecutivo del INE es un despropósito y un error que solo muestra la animadversión personal de Gutiérrez Luna contra los consejeros electorales y la democracia, lo que le impidió ver el dislate que cometía, tanto para su causa, como para el cargo que ostenta como Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Si en realidad quería facilitar la Revocación de Mandato, había que escuchar las razones del INE, encontrar una forma creativa de diálogo y encontrar alternativas.
Si quería honrar a la Presidencia de la Cámara, habría buscado un consenso con los partidos que la integran antes de actuar unilateralmente. Esa sería la actitud de un hombre democrático, de una persona de Estado. Si la demanda penal de Gutiérrez Luna prosperara, solo tendríamos un INE debilitado, con la carencia de seis de once consejeros y aún sin recursos para realizar la Revocación de Mandato. Por eso, parece que en la mira se puso la institucionalidad democrática, en especial su independencia y autonomía.
Los efectos del dislate de diciembre no son menores. El Presidente López Obrador básicamente descalificó la penalización a los consejeros y en consecuencia al actor de la denuncia. Gutiérrez Luna logró la unidad de la oposición partidista en contra de su acción y debilitó los avances en las mesas de diálogo que el Secretario de Gobernación había acordado para iniciar el 2022. Muy pronto se acabó el ánimo para construir acuerdos y ahora habrá que realizar una cuidadosa operación cicatriz si se quiere obtener los votos para las reformas constitucionales presidenciales, que el mismo Presidente de la Cámara dificulta. Es un claro ejemplo del fracaso de la política y el triunfo de la sinrazón, simplemente por no entender lo que significa vivir en un régimen democrático.
Por lo pronto el 2022 inicia con la necesidad de llamar a defender a las instituciones democráticas y autónomas. Hoy, defender al INE implica mucho más que apoyar a Lorenzo Córdova, a sus compañeros consejeros y al Secretario Ejecutivo. Defender al INE significa recuperar el respeto que merece una institución que ya hizo historia en nuestra democracia gracias a su ser ciudadano, su autonomía, su independencia y el profesionalismo de quienes ahí trabajan. Por lo demás, seguro el INE realizará la Revocación de Mandato, si se cumplen los requisitos de ley, pero se requieren soluciones, no más dislates.
POR ARTURO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
*Profesor Investigador, Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno
Tecnológico de Monterrey
@ArturoSanchezG
MAAZ
Sigue leyendo
Revocación: un proceso cada vez más complicado