La iniciativa presidencial de Reforma Energética obliga a recordar lo obvio y evitar el manipuleo de la historia. Ciertamente, en un momento del siglo pasado, la dinámica del desarrollo económico permitió que se aplicaran políticas nacionalizadoras que garantizaran insumos baratos para el desarrollo industrial y permitieran el consumo de los mexicanos.
La intervención del Estado en la economía fue sin duda uno de los pilares para el desarrollo, pero a la larga, las prácticas monopólicas mostraron sus grandes deficiencias.
Cuando López Mateos nacionalizó la industria eléctrica en 1960, México tenía 35 millones de habitantes, 49.3 por ciento vivía en el campo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) contaba con 3.4 millones de derechohabientes, y el reto era aún electrificar el país. De hecho, apenas entre 1961 y 1964 se construyó Infiernillo en Michoacán con recursos del Estado.
Era un México que requería acelerar su crecimiento, en un mundo no globalizado que se debatía en medio de la Guerra Fría. Si la historia fuera lineal los argumentos de aquel entonces serían válidos, pero el mundo cambió, la tecnología avanzó y hoy México requiere energía para cerca de 130 millones de mexicanos que viven mayoritariamente en centros urbanos.
El Estado en 2021 debe mirar hacia el México de 2030, enfrentando los problemas no resueltos y con una población que sigue creciendo. Ante esta obviedad, el gobierno no parece tener una visión de futuro en materia energética o no la sabe comunicar. Mientras tanto, la oposición no ha construido una narrativa alterna sólida y el debate se queda en la perspectiva de la alianza parlamentaria PAN-PRI-PRD.
La iniciativa para modificar la Constitución sobre la industria eléctrica pone en la agenda temas relevantes para el futuro de México. No es solo el afán estatista, centralizador y controlador que ya conocemos del Presidente actual. Se trata de un debate que plantea una nueva disputa por la nación para definir el camino que resuelva los problemas nacionales, en esta nueva versión del mundo globalizado.
En el análisis, ni el neoliberalismo se ha ido, ni acabó con la fuerza del estado para impulsar el desarrollo con la regulación (siempre perfectible) del sector energético y el control de los recursos naturales. Por eso existen Pemex y la misma CFE. Pero tampoco las reformas estructurales solucionaron los problemas, ni la iniciativa privada acaparó todas las ganancias y corrompió a México.
La construcción de alternativas requiere de un debate equilibrado, que lea correctamente la historia, aprenda de ella y proponga nuevas políticas. La iniciativa de reforma constitucional presentada no es el camino para fortalecer a las empresas del Estado, pues se coloca en un extremo irreductible.
La oposición tiene un gran reto y una gran oportunidad: la de tener una visión de Estado de altas miras con propuestas que eviten retrocesos y lea el futuro
POR ARTURO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
INVESTIGADOR DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY
@ARTUROSANCHEZG
MAAZ