Nuestra Constitución garantiza el derecho a la salud a todos los mexicanos, sin ningún tipo de excepción. La manera progresiva en que han sido aplicadas las vacunas para combatir el COVID-19 tenían la lógica de primero inocular a los grupos con más condiciones de riesgo, ya sea por su edad, por padecer enfermedades crónicas o por ser un profesional del área de la salud (esto último con sus exabruptos porque les regatearon la vacuna a trabajadores de hospitales privados que se encontraban también en la primera línea de atención a contagiados por el coronavirus).
Pues bien, ha llegado el momento en que el siguiente grupo etario que debe ser inmunizado es el de los menores de edad. Las vacunas son la mejor estrategia de salud pública para terminar con la pandemia de COVID-19 porque son eficaces y seguras. Toda persona que ha completado su esquema de vacunación debe contar con los suficientes anticuerpos para impedir cuadros graves y mortales de la enfermedad.
Hay publicaciones de prestigio mundial como The Lancet que ha mencionado la existencia de la suficiente evidencia médica como para determinar que las vacunas no tienen consecuencias negativas extraordinarias en los menores de edad. Para documentar esta exigencia se refiere que al mes de agosto pasado, previo al inicio del periodo escolar, oficialmente en México se identificaron 60 mil 928 contagios en niños, de los cuales hubo 613 fallecidos.
El regreso a clases aconteció sin ningún tipo de campaña de vacunación para los menores de edad, por lo que esta población ha aumentado sus posibilidades de contagio por la movilidad que implica su asistencia a las escuelas. Es cierto, es altamente probable que no desarrollen un cuadro grave, pero la mínima posibilidad de la mortandad de un niño y/o la posibilidad de que éste contagie a un adulto que también fallezca, debe bastar para que el gobierno proteja a los más pequeños con las vacunas.
Conforme a estadísticas de la propia SEP, el 26.5% de los contagios entre menores de 5 a 17 años durante los primeros once días de septiembre ocurrieron oficialmente en algún recinto escolar del país. Basta ya de mezquindades como afirmar que la necesidad de que los menores de edad se vacunen, es una estrategia de las grandes farmacéuticas para continuar vendiendo.
La Secretaría de Salud Federal debe dejar de actuar con base a teorías de la conspiración y considerar más a instituciones acreditadas, porque la propia ONU ya especificó que no se debe de negar a los niños la posibilidad de vacunarse. Insisto, nuestra Carta Magna y los tratados internacionales que se han signado en la materia, mandatan que se debe garantizar el derecho a la salud sin ningún criterio excluyente.
Con todos estos antecedentes y con el propósito de apoyar a los padres de familia que desean que sus hijos sean vacunados, el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados pone a su disposición un documento para que puedan promover un amparo y la autoridad esté obligada a administrárselas.
Los representantes populares del PRI, además de nuestras dirigencias partidistas y de sectores y organizaciones en todo el país apoyarán a todas las personas que deseen iniciar con este trámite legal para defender a los niños y niñas de México.
Consummatum: Las fallas en redes sociales les causaron ansiedad a algunos. Lo grave es que hubo los que se enojaron más con la caída de facebook que con la caída del metro de Tláhuac.
ABC legislativo 3: Las comisiones
Tw: @lorenapignon
Secretaria de Gestión Social y Diputada Federal del PRI
6 de octubre de 2021