El 4 de agosto de 2021, el Gobierno de México presentó en una Corte de Massachusetts, Estados Unidos, una demanda civil en contra de Barrett, Smith & Weson y otras empresas productoras de armas de fuego, señalando que sus prácticas comerciales negligentes e ilícitas facilitan que cerca de medio millón de armas sea traficado ilícitamente a México cada año.
Por instrucciones del canciller Marcelo Ebrard, las embajadas, consulados y misiones ante organismos y foros multilaterales difundieron esta acción legal como un esfuerzo adicional a las acciones de México para detener el tráfico ilícito de armas y para lograr, en los planos bilateral y multilateral, que el comercio de armas sea transparente, responsable y con rendición de cuentas.
En seguimiento, viajé a Estados Unidos, Suiza y Países Bajos para ofrecer detalles sobre el avance en el litigio. En Washington, DC, detallé que esta demanda civil busca que las empresas que comercializan armas en ese país rindan cuentas ante la Corte por sus acciones y omisiones en su cadena de producción, distribución y venta, así como en sus políticas de publicidad, las cuales facilitan que el crimen organizado pueda hacerse de armas de alto poder que de otra forma no podría conseguir en México. En las reuniones que sostuve quedó claro que esta demanda no atenta contra la Segunda Enmienda de la Constitución de ese país ni cuestiona la labor del Gobierno de los Estados Unidos en este tema. Intercambié ideas con organizaciones que buscan un mayor control en el comercio de armas de fuego en Estados Unidos. Fue claro que coincidimos con los familiares de víctimas de tiroteos masivos en la urgente necesidad de que las empresas demandadas respondan ante la ley por sus prácticas comerciales irresponsables e ilegales.
En Ginebra, uno de los centros de las acciones multilaterales para regular el comercio de armas, llamé la atención sobre la necesidad de sumar esfuerzos para que las empresas que venden armas a particulares se hagan responsables sobre su posible desvío para la comisión de ilícitos, siguiendo los principios de responsabilidad corporativa y protección de derechos humanos. Conocí de voces expertas señalamientos preocupantes sobre la relación entre la disponibilidad de armas y la violencia de género, y sobre cómo las empresas de armas dirigen con mayor frecuencia su publicidad a menores de edad, a fin de enaltecer conceptos falsos de masculinidad. En todas las reuniones en que participé se reconoció que este litigio confirma el interés de México por combatir el trasiego ilegal de armas y su posición en foros multilaterales sobre la necesidad de mejorar las prácticas comerciales y la transparencia en su comercialización.
Para difundir el litigio entre las organizaciones y personas expertas en Derecho Internacional, me trasladé a La Haya en donde tuve enriquecedores intercambios sobre conceptos como conflicto de leyes, litigios internacionales y transfronterizos, la presunción de no extraterritorialidad de las leyes y la selección de foro. Llamó la atención que quienes producen y comercializan armamento pretendan gozar de inmunidad en contra de demandas por responsabilidad civil que puede enfrentar cualquier otra industria. El litigio generó mucho interés y reconocimiento, tanto por su sofisticación jurídica como por ser una acción estratégica de la Cancillería en la que confluyen nociones de derecho estadounidense, derecho internacional y una cuidadosa aproximación al tema de las armas en Estados Unidos. Estoy seguro de que a partir de esta visita se obtendrán escritos de amigos de la Corte o amicus curiae en apoyo a la demanda del Gobierno de México.
POR ALEJANDRO CELORIO ALCÁNTARA
CONSULTOR JURÍDICO EN LA SRE
@ACELORIOA
CAR