La aplicación de las vacunas contra la covid en México se perfila como un acto político más del gran circo de López Obrador. Cuando más se requiere un enfoque logístico y humano, el gobierno responde con propaganda. Como muestra, el acto de recepción de las tres mil vacunas, que apenas alcanzan para el 0.5 por ciento del personal médico público del país.
El plan de vacunación del gobierno plantea llegar a 92.6 millones de mexicanos (utilizando datos de la Conapo) con edades de 16 o más años. Se han quedado fuera del plan 35.2 millones de jóvenes y niños. Esto implicaría un ritmo de 6.2 millones de vacunados al mes o 25,722 al día, algo que es logísticamente alcanzable. Veamos: en el sector público, hay 323 mil enfermeras y 242 mil médicos, que en conjunto suman 565 mil elementos de personal médico. Si solo uno de cada 20 miembros del personal médico aplicara una vacuna al día, la meta se lograría sin sobresaltos. Sin embargo, el gobierno anunció que la vacunación se llevará a cabo utilizando a las Fuerzas Armadas y a la red de funcionarios que distribuyen los programas sociales, estos últimos con un claro activismo político a favor de Morena.
Por otro lado, el subsecretario López-Gatell dijo el 9 de diciembre que “no podemos tener un mercado privado abierto, tampoco las entidades federativas pueden conseguir vacunas, comprar vacunas”. A pesar de que voces del mismo gobierno, e incluso el presidente, han dicho recientemente que los privados podrían comprar vacunas en mercado internacional, resulta preocupante que quien autorizaría el ingreso de dichas compras haya negado esa posibilidad, pues debemos recordar que la COFEPRIS, antes independiente, ahora está bajo la “eficaz” supervisión de quien nos llevó a la catástrofe sanitaria.
Cada día se confirma que lo importante para el gobierno no es que más mexicanos en el menor tiempo posible estén vacunados, sino que sea el gobierno el que aplique la vacuna. Las vacunas que se aplicarán en México tienen un costo que va de los 43.52 pesos (Astra Zeneka) a los 357.95 (Cansino). El costo promedio ponderado de las vacunas en función de lo que precompró el país ronda a los 213 pesos. En México hay 21 millones de mexicanos que tienen un ingreso diario superior al precio promedio de la vacuna. El gobierno en lugar de restringir debería de ser promotor para que, desde el sector privado, también se adquirieran las vacunas y los mexicanos estén protegidos antes de culminar el 2021, con lo que se evitarían miles de muertes innecesarias.
El plan actual de vacunación tendrá un costo superior a los 30 mil millones de pesos. Si el gobierno promoviera la participación del sector privado podría ahorrarse entre cinco mil y diez mil millones de pesos, sumar a decenas de miles de profesionales de la salud en la aplicación de la vacuna y, como bono adicional, que la fuerza laboral de miles de empresas regresara plenamente y con más seguridad a trabajar.
La falta de recursos no es excusa. El gobierno tiene dinero suficiente: tan solo para 2021 destinará más de 45 mil millones de pesos para la refinería de Dos Bocas. Sin embargo, aquí lo más importante no es salvar vidas, sino salvar votos.
La logística de esta administración en temas de salud es apabullantemente mala. No olvidemos que el gobierno actual no ha podido surtir los medicamentos para niños con cáncer e incluso se los han robado de sus propias bodegas. Tampoco olvidemos que ha sido en este gobierno que comenzaron a escasear las vacunas contra el sarampión, la influenza y otras enfermedades del cuadro básico.
Quizá en los números de los tomadores de decisiones esté más claro el dato de 43 millones de mexicanos que, de acuerdo con el plan, recibirán la vacuna antes de las elecciones intermedias de 2021. Quizá tampoco sea casualidad que después de las elecciones el ritmo de vacunación que se tiene planeado se reduzca casi 40 por ciento, al pasar de 8.7 millones de vacunados mensuales antes de las elecciones a solo 5.5 millones mensuales después. Más que vacunas contra el coronavirus, el gobierno parece querer vacunarse contra un merecido voto de castigo.
Fausto Barajas
Especialista en infraestructura
@FAUSTOBARAJAS
