El gobierno acaba de imponer un aumento de 15 por ciento al salario mínimo. Esto, lejos de ayudar a la recuperación, podría agravar el estancamiento económico en el país.
En una crisis de oferta y demanda como la que vivimos por la pandemia, lo prioritario es proteger a las fuentes de empleo. Los salarios no los paga el gobierno, sino las empresas. Por eso, antes de pensar en subir salarios, hay que pensar en cómo evitar la desaparición de las empresas. Sin embargo, en México no hay medidas gubernamentales para la protección del empleo. Somos el país de la OCDE con el menor apoyo de medidas contracíclicas con solo el 0.3 por ciento del PIB, en contraste con Alemania con el 32 por ciento de su PIB, Reino Unido con 19 por ciento, Italia con 13 por ciento y Estados Unidos con 12 por ciento.
Hoy, 4.7 millones de mexicanos que tenían empleo en marzo están desempleados. Para ellos, el aumento salarial está lejos de ser buena noticia, sobre todo si tomamos en cuenta que una de cada cinco empresas que existía en mayo de 2019 dejó de existir para septiembre de 2020. Se calcula por el INEGI que hay 1 millón de unidades económicas menos.
¿Qué necesitaban las empresas para poder seguir pagando salarios? El INEGI les preguntó a sus dueños y 61 por ciento respondió que requieren apoyos fiscales; 41 por ciento, aplazamiento de pagos a créditos o servicios; 34 por ciento, transferencias de efectivo y 30 por ciento, acceso a créditos nuevos. Lo que no necesitaban era un aumento abrupto del salario mínimo. No necesitan tampoco a un gobierno abusivo, incapaz de proveer seguridad pública, infraestructura urbana o una fuerza laboral bien educada, pero que a la hora de cobrar impuestos es absolutamente puntual e inflexible.
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En el proceso del aumento hubo voces preocupadas por un efecto inflacionario. Pero el impacto vendrá más por el lado de la reducción del empleo formal y el cierre de empresas. La Coparmex ha advertido que serán 700 mil las que dejen de operar en los próximos tres meses.
Desde luego que el salario se puede aumentar por decreto. Claro, la letra pequeña de ese aumento es que los beneficios son solo a corto plazo. Si usted gana 100 pesos y al día siguiente le pagan 200, a corto plazo usted mejorará su ingreso y podrá comprar más cosas. Pero, a medida que las empresas cierran o producen menos, las cosas encarecen, el empleo escasea y su bienestar se verá reducido. Por eso los economistas insisten en que la mejor manera de aumentar los ingresos de los trabajadores a largo plazo, es decir, de manera duradera y sostenida, es aumentar la productividad. Para ello, debe mejorar la tecnología de la producción y la capacidad de cada trabajador, y eso solo puede lograrse mejorando la capacidad de la educación y la formación para el trabajo. En México estamos lejos de lograrlo, pues de acuerdo con el estudio “Educación Superior en México” de la OCDE, la mitad de los empleadores consideran que la educación y formación de los solicitantes de empleo no es adecuada para sus necesidades.
Sin embargo, al presidente todas estas les parecen quejas de “tecnócratas”. Él sueña con un mundo en el que cada persona se conforma con un par de zapatos y trabaja con un trapiche artesanal empujado por un burrito. Que él sea un nostálgico de eras olvidadas es una cosa, pero que quiera destruir la planta productiva al inhibir la inversión y dejar que mueran las empresas es otra. Sin inversión no hay empresas, sin empresas no hay empleo y sin los dos anteriores no hay crecimiento.
Estamos viviendo tiempos de crisis que aceleran el proceso de la revolución industrial 4.0 caracterizada por la automatización de la producción, y el mercado laboral mexicano se tiene que adaptar a esta realidad. El gobierno tiene que despertar de su sueño populista, el desempleo no se disminuye por decreto como tampoco la automatización pasa por el trapiche que al presidente le parece tan bueno.
Fausto Barajas
Especialista en infraestructura
@FAUSTOBARAJAS