El ejercicio de formulación del paquete económico ante el Congreso es el resultado del trabajo de distintas dependencias del Ejecutivo Federal, órganos constitucionales autónomos y poderes de la unión. Cada espacio orgánico que encuentra soporte constitucional y legal define las prioridades presupuestales que delinearán el rumbo de sus trabajos en el año venidero. En este caso es la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público quien por disposición de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria concentra dicha función. Sus parámetros: principalmente el marco normativo aplicable a cada caso -un buen ejemplo es el INE y la organización de las elecciones del próximo año- y, no menor referencia, el Sistema Nacional de Planeación, en específico las prioridades de política pública definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y los respectivos sectoriales.
Ahora bien, dichos parámetros no deben resultar en una camisa de fuerza que limiten la facultad administrativa del gobierno federal. Son una guía, un eje conductor relevante. En este sentido, a principios del segundo trimestre del año reflexionábamos sobre el reto e importancia que debía adquirir para el gobierno la pandemia del COVID-19 en distintos espacios para la sociedad, primordialmente la atención a la salud, recuperación económica y finanzas públicas subnacionales. Frente a dicha circunstancia el gobierno contaba con distintos mecanismos de reconducción presupuestal definidos en la Ley de Presupuesto, además de las facultades supra legales que en la materia podía haber ejercido el Consejo de Salubridad General. En pocas palabras, afrontar la pandemia debió ser más un ejercicio de reconducción que de planeación presupuestal.
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Por el contrario, el ejercicio de planeación de las finanzas públicas para 2021 dispone de una serie de indicadores que deberían ayudar al gobierno federal para atender de mejor forma los retos que enfrentamos. Hoy contamos con más información del comportamiento epidemiológico del COVID-19 y la ruta para lograr su vacuna; sabemos que la economía de nuestro país se contraerá un 8% del PIB en 2020 y que se espera un crecimiento de 4.6% para 2021; y observamos que se distribuirán menos recursos a estados y municipios con una reducción en las participaciones de $30 mil millones equivalente a un recorte de 6.4% en términos reales y una disminución de las aportaciones por $18 mil millones para 2021.
Ya con estos elementos, la Cámara de Diputados definió el presupuesto para el 2021 con los siguientes retos: el superávit primario será de $6 mil 205 millones de pesos, una reducción de 96.7% en términos reales ante mayores presiones por la disminución en los ingresos presupuestarios de 3% real; los ingresos por financiamiento aumentan en 25.2%, derivado de límites de endeudamiento más altos que permiten hasta $756 mil 790 millones adicionales; un incremento en los recursos destinados a los programas prioritarios de esta administración, en particular en los ramos de turismo y defensa nacional con un aumento de 641.5% y 15.7% real respectivamente, provocado por asignaciones previstas para el Tren Maya y la construcción del aeropuerto de Santa Lucía; y una reducción para los ramos de Trabajo y Previsión Social de 20.3% y de Hacienda y Crédito Público del 17.3% respecto de lo aprobado en 2020.
En dicho contexto, el gobierno federal ha manifestado sus prioridades ante una situación de ingresos limitados a través del redireccionamiento del gasto y nos plantea un horizonte complejo en torno a las finanzas públicas con importantes retos para los gobiernos locales, la iniciativa privada y la sociedad civil que deberán ser abordados de manera conjunta en beneficio de las y los mexicanos.
POR EMILIO SUÁREZ LICONA
CONSULTOR Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA
@EMILIOSL