Transcurridos más de dos meses de la detención de “El Marro”, todo parece indicar que este hecho por sí solo no resolvió el problema de violencia en el estado de Guanajuato, que durante los últimos años ha ocupado los primeros lugares en número de víctimas de homicidio doloso en términos absolutos.
Lo anterior echa por tierra la teoría de que deteniendo a los generadores de violencia disminuyen los asesinatos relacionados con las pugnas entre grupos delictivos y confirma que la sola presencia policial en las calles, sea del nivel que sea no es suficiente para disminuir la incidencia delictiva; de la paz mejor ni hablamos ya que ese concepto está relacionado con un conflicto entre dos fuerzas beligerantes y no al combate del delito por parte de la autoridad mediante el uso legítimo de la fuerza.
Tampoco abona a la premisa de que tras el aseguramiento de los líderes de los grupos criminales confrontados viene una atomización de los mismos y enseguida un descenso en los delitos, como se pretendió hacer creer por parte del gobierno federal, sino todo lo contrario, vienen momentos de violencia extrema como ha sucedido durante los primeros 5 días de octubre en algunas regiones de dicha entidad que han dejado 92 víctimas.
Al respecto, un análisis espejo sobre homicidio doloso indica que en un lapso de 65 días previos la detención de “El Marro” (2 de agosto del 2020) se registraron 842 víctimas de este delito y 65 días después un total de 784 casos (cifras preliminares reportadas por el Gabinete de Seguridad del gobierno federal), es decir, que la ausencia del citado líder criminal se tradujo en una reducción de apenas 6.8% en el número de homicidios, muy lejano del 50% que se manejó durante los primeros días de agosto.
Si bien el origen de la violencia es multifactorial, existe un eje en torno al cual gira buena parte de la misma y tiene que ver con la presencia de “mercados ilícitos”, los cuales podrán cambiar de acuerdo a las circunstancias, pero no dejan de generar ganancias, por lo que, si uno ya no es redituable, otro lo sustituirá.
Es así que el robo de combustible, que tampoco disminuyó como se quiere hacer creer, fue sustituido rápidamente por el robo de diversas mercancías, venta de drogas al menudeo, secuestro, extorsión y cobro de piso, éste último vinculado a la “venta de protección” a pequeñas unidades económicas aprovechando la rivalidad delincuencial.
Del otro lado de la moneda esta la ausencia de coordinación en materia de prevención y combate al delito entre las corporaciones de los tres niveles de gobierno por razones partidistas que tampoco son nuevas, así ha sucedido en otras latitudes como Chihuahua en la actualidad y Baja California en otro momento, tanto a nivel estatal como municipal.
Del mismo lado esta la eventual impunidad que genera el combate al delito apostando solo a la flagrancia y al patrullaje en convoy, que mientras culmina su recorrido deja espacios sin atender por largos periodos de tiempo, lo cual es aprovechado por los grupos delictivos.
Soluciones a esta problemática debe haber muchas y estoy seguro que los policías que todos los días recorren los municipios más convulsionados de la entidad las tienen, por lo que habrá que recopilarlas e incorporarlas a la estrategia de seguridad, solo que para eso se requiere algo más que humildad, ese valor que tanto escasea en estos momentos a pesar de la pandemia por la que atravesamos.
No estaría por demás hacer una revisión de cómo se comportan los “mercados ilícitos” emergentes, la ciudadanía debe tener datos al respecto, habría que escucharla con mucha atención y sumarla al trabajo conjunto.
POR FACUNDO ROSAS
EXCOMISIONADO DE LA POLICÍA FEDERAL
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