Dentro de la propuesta para el paquete económico 2021 presentada por el Ejecutivo federal para discutirse en las Cámaras, se consideran cambios a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), los cuales dejan ver un alejamiento del Presidente para con la sociedad civil organizada. Algunos de estos cambios ya habían sido presentados en el ejercicio pasado, desde la miscelánea fiscal, sin embargo, han sido retomados ahora desde la Ley, complicando el panorama para las asociaciones civiles sin fines de lucro.
La nueva propuesta considera supuestos específicos muy concretos para la revocación de la autorización de donatarias (por ejemplo el uso de activos para fines distintos al objeto social), y si bien las reglas y límites permiten una mayor transparencia en su operación, es preocupante leer la exposición de motivos del proyecto de reforma en donde se da la impresión de que los cambios son necesarios debido a que se presume que hay organizaciones que obtienen sus recursos de actividades no relacionadas a su objeto o incluso de procedencia ilícita.
Si bien, la intención de combatir la corrupción es válida, la descalificación generalizada hacia este sector, debilita la vinculación necesaria entre el gobierno y los ciudadanos que se organizan libremente para aportar en el ámbito social del país.
Entre las causas de revocación propuestas, una de las que más ha llamado la atención es la de la posible cancelación en cadena de organizaciones civiles cuando uno de sus representantes legales o miembros de consejo pertenezcan o hayan pertenecido a otra organización que haya perdido su autorización en los últimos cinco años.
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Esto constituye una grave violación a los derechos políticos y sociales, particularmente al derecho a la libre asociación de las personas para constituirse con otras y formar personas morales con una personalidad jurídica distinta a la propia.
En contraste a lo anterior, encontramos también que el proyecto deroga el artículo 82-Ter en el que se daba la opción para que las instituciones autorizadas a recibir donativos se certificarán en el cumplimiento de obligaciones fiscales, transparencia e impacto social siguiendo las reglas del Sistema de Administración Tributaria. Esta medida es contraria al discurso de buscar mejorar la gestión de las organizaciones y deja ver el carácter de una ley sancionadora en lugar de una que propicie buenas prácticas.
Por lo anterior, diversas organizaciones civiles están levantando la voz y solicitando una reconsideración a la propuesta de ley, la cual lejos de combatir la corrupción o la simulación de actividades, pone en riesgo la sostenibilidad y permanencia de instituciones que aportan al desarrollo social del país. Desde Mexicanos Primero nos unimos al exhorto para que los legisladores NO aprueben la propuesta en los términos expuestos.
POR JENY FARÍAS
DIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES DE MEXICANOS PRIMERO
@JENYCA