Momentos de tensión se vivieron al interior de Saldos Koko, un negocio ubicado en Tijuana que se dedica a la importación de artículos de Estados Unidos que se venden a precios de mayoreo, cuando presuntos agentes del Servicio de Administración Tributaria llegaron al establecimiento para intentar ejecutar un embargo.
Los hechos ocurrieron durante la tarde del 26 de junio, cuando personas que dijeron acudir a cumplir un mandamiento federal emplazaron a Jazmín Alejandra Salazar, dueña del negocio, para permitirles realizar un cateo.
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Según una transmisión que Salazar realizó mediante su cuenta oficial en Facebook, los supuestos agentes no se identificaron y se presentaron en el local con armas largas y con los rostros cubiertos, por lo que temió por su seguridad.
Acto seguido, pidió a sus vecinos y seguidores presentarse en el local, ubicado en la colonia Libertad de Tijuana, Baja California, ofreciéndoles llevarse toda la mercancía que quisieran gratis con tal de que las autoridades no la incautaran.
En minutos, más de 250 personas se presentaron en el local, donde acorralaron a los supuestos agentes, lo que derivó en empujones e insultos entre las autoridades y los ciudadanos.
Con la llegada de refuerzos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal, la protesta bajó de intensidad y los seguidores de Saldos Koko permitieron que las autoridades terminaran de realizar sus labores.
Pide alcaldesa de Tijuana transparencia en operativo
La transmisión, que en su momento de mayor audiencia alcanzó más de 16 mil seguidores, llamó la atención de la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, quien pidió transparencia en la ejecución de este tipo de operativos.
“Como representante aún de esta ciudad, solicito de manera respetuosa a las autoridades estatales se aclaren los hechos ocurridos hoy en el establecimiento Saldos Koko, ya que la falta de identificación de los elementos que ahí acudieron, la falta de claridad en razón de las órdenes de ingreso al establecimiento puede generar en la ciudadanía temor y desánimo en la confianza de nuestras autoridades.
“Si bien es cierto el SAT BC no es mi jurisdicción, sino del Estado, lo que si es de mi interés es la transparencia de las acciones en materia de seguridad en esta ciudad y la tranquilidad de los ciudadanos de Tijuana, mientras no termine mi mandato seguiré velando por los intereses de los tijuanenses”, escribió la alcaldesa.
Al final, la dueña del establecimiento señaló que el operativo se realizó presuntamente para localizar un cargamento de vapeadores, cuya venta está prohibida en el país, y que acordó que su local cerrará las puertas de manera temporal para permitir el registro ordenado por la autoridad fiscal federal.
