Integrantes de la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados y en el Senado; así como integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido, encabezadas por la legisladora Karen Michel González, celebraron la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del decreto por el que se sanciona el matrimonio infantil y llamaron a los tres órdenes de gobierno a garantizar el cumplimiento de la ley.
En conferencia de prensa, acompañada de las diputadas Cecilia Patrón Laviada, Laura Esquivel Torres, Joana Felipe Torres, Lizbeth Mata Lozano y la senadora Josefina Vázquez Mota (PAN), Michel González señaló que México ocupa el octavo lugar en el mundo en matrimonios infantiles.
Refirió que de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), seis de cada mil matrimonios en el país involucran a niñas de entre 12 y 14 años de edad.
“Esta es una cifra que nos causa vergüenza, pero que también nos preocupa y que nos está ocupando al día de hoy con esta reforma de ley que es una realidad, sobre todo en un país que se dice de libertades y derechos”, señaló.
El pasado 25 de abril se publicó en el DOF el decreto por el que se reforma el Código Penal Federal, referente a la cohabitación forzada de menores de 18 años.
Las legisladoras explicaron que, aunque dicha práctica está prohibida desde 2019, no se habían impuesto penas a quienes cometan o convaliden este tipo de delito.
La reforma tipifica como delito la cohabitación forzada de menores de 18 años o personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho o personas que no tienen capacidad para resistirlo.
Establece sanciones que van de ocho a 15 años de prisión y de mil a 2 mil 500 días de multa a quien obligue, coaccione, induzca, socialice, gestione u oferte una o varias personas a unirse a un menor con otra persona informal o formalmente en matrimonio con o sin su consentimiento.
El decreto no permite que se recurra a la excusa de los usos y costumbres, que tradicionalmente se efectúan en las comunidades indígenas y afromexicanas, es decir, que si se llegara a dar el matrimonio infantil en estas comunidades la pena amentaría un 50 por ciento más, es decir, a 22 años de cárcel.
En este contexto, las panistas enfatizaron que el decreto es una forma de combatir de manera formal a los matrimonios infantiles, porque además “está considerando a las uniones que se efectúan de manera informal, quiere decir, las que suceden al margen de la ley, pero que en los hechos siguen existiendo”.
“Estamos generando todo este andamiaje jurídico para que la autoridad judicial sancione sin excusa alguna los matrimonios infantiles y ahora sí toda aquella persona que abuse de una niña o niño y lo obligue a casarse, le caiga todo el peso de la ley”, señaló Patrón Laviada.
La también secretaria general del PAN, refirió que México es uno de los primeros lugares en pedofilia, por lo que iniciativas como la que se publicó en el DOF buscan frenar eso que se ha normalizado.
Agregó que en usos y costumbres se amparaban muchas cosas como vender a las niñas o intercambiarlas como fueran objetos, lo cual es un tipo de esclavitud moderna, por lo que la ley va a castigar a quien quiera usar a una menor.
A su vez, la diputada Joana Felipe Torres aseguró que con dicho decreto se ha logrado un paso más para la protección de las infancias, pues “las niñas y los niños en el país son las personas más vulnerables y vulneradas, ya que todos los delitos graves, humillantes, denigrantes y vejaciones se encuentran normalmente invisibilizados”.
Con información de Jorge Almaquio García
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