La diputada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Frida Guillén, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Educación de la capital, con el propósito de que en caso de una declaratoria de emergencia sanitaria o por desastre natural, hayan condiciones justas y económicas para que los estudiantes no dejen las escuelas, principalmente, privadas.
Explicó que de acuerdo al INEGI alrededor de 435 mil estudiantes de todos los niveles no concluyeron el ciclo escolar 2019-2020, por un motivo relacionado al Covid-19.
Y es que dijo las razones fueron la reducción de ingresos, la perdida de empleo, y en los casos más graves y lamentables, la muerte de un familiar que aportaba económicamente al hogar y solventaba el pago de los estudios.
Por eso, dijo que la iniciativa busca precisamente, implementar acciones concretas que garanticen el ejercicio pleno del derecho a la educación, así como la permanencia en los servicios educativos impartidos por instituciones particulares.
Por ello, explicó que se establece como obligación a cargo de los mismos, otorgar facilidades, apoyos económicos o descuentos proporcionales en colegiaturas, reinscripciones y demás cuotas.
“Durante la contingencia, los particulares se mostraron muy apáticos ante la situación económica que vivían sus alumnos, pues a pesar de que la gran mayoría de familias tuvieron fuertes problemas económicos, fue difícil mantener el pago de las colegiaturas”, refirió.
Añadió que durante la emergencia sanitaria los planteles escolares no ajustaron sus precios a pesar de que los servicios ofertados sí sufrieron modificaciones y los alumnos no tuvieron la posibilidad de hacer uso y aprovechamiento de los servicios e infraestructura educativa con regularidad, es decir, coartando con ello, el derecho de acceso a la educación de una forma inhumana.
Esto provocó dijo que, de acuerdo con los mismos reportes de las instituciones particulares de educación básica a superior, para el segundo ciclo escolar del 2021, poco más del 10 por ciento de la matrícula, es decir, 398 mil estudiantes de escuelas particulares , dejaron inconclusos sus estudios.
“Se hace necesario establecer como derecho de los estudiantes contar con la protección y consideración, en cuanto a medidas económicas, sanitarias y de protección civil, por parte de los particulares que impartan educación y la autoridad educativa, bajo condiciones de emergencia, así como alguna otra circunstancia de cualquier índole que ponga en riesgo la integridad física y patrimonial de los educandos sus familias o tutores”, explicó.
Finalmente dijo que se debe prevenir que la crisis en materia de educación se convierta en una catástrofe generacional derivado de la pandemia por Covid-19, y por eso “es necesario aprovechar la oportunidad para encontrar nuevas formas de afrontar la crisis en materia de aprendizaje y aportar un conjunto de soluciones que se concentren en responder a las pérdidas en materia de aprendizaje y prevenir el abandono escolar”.
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