El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), emitió un pronunciamiento junto con organismos de la sociedad civil en donde solicitan el reconocimiento por parte del Gobierno de Jalisco y en particular de las instituciones encargadas de garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, de la problemática que existe en la Comisaría de Sentenciado y en los 14 centros penitenciarios de la entidad para que se traduzcan en políticas y planes o estrategias que garanticen una vida digna y que se prevengan posibles violaciones de derechos humanos, tratos crueles o tortura para los internos y que se investiguen los hechos de violación graves que recientemente se documentaron en contra de internos con discapacidad por parte de presuntos miembros de autogobierno al interior de Puente Grande.
“Los recursos actuales, tanto económicos, materiales y de personal con los que cuentan los centros penitenciarios en Jalisco, no resultan suficientes para poder atender y enfrentar de manera adecuada las condiciones de autogobierno, corrupción, permisibilidad, hacinamiento y sobrepoblación que se presentan en algunos centros penitenciarios de la entidad y por ello como se ha recomendado por la Comisión Nacional de Derechos y la Estatal, es indispensable que se destine un mayor presupuesto a los centros penitenciarios para que puedan contratar a un mayor porcentaje de personal de seguridad y custodia que pueda garantizar la gobernabilidad en los centros y tomar otro tipo de medidas para combatir el hacinamiento”, señaló Denisse Montiel, coeditora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).
De acuerdo al cuaderno mensual estadística penitenciaria nacional con datos al corte de febrero del 2022, en Jalisco se tienen registradas 13 mil 384 personas privadas de la libertad ocupando el tercer lugar nacional en cuanto a población penitenciaria, y con una capacidad para albergar a 13 mil 292 personas, es decir, se habla que existe un 0.69 por ciento de hacinamiento y sobrepoblación.
En la Comisaría de Sentenciados, la capacidad es de dos mil 218 personas privadas de su libertad, pero actualmente la cifra se dobla en la capacidad porque hay más de cuatro mil internos en esta comisaría. En condiciones similares se encuentra la Comisaría de Previsión Preventiva que está rebasado con el 40 por ciento y el Metropolitano o Femenil también tiene hacinamiento en donde por celda, deben vivir hasta con más de 10 personas en espacios reducidos que afecta sus condiciones de calidad de vida y se vulneran las condiciones de gobernabilidad.
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“Lamentablemente no se cuenta con información pública detallada que pudiera dar cuenta de cuál es la situación en la que viven las personas con algún tipo de discapacidad en los centros penitenciarios y si es que las autoridades les garantizan una vida digna, así como los demás derechos humanos; sin embargo, de acuerdo con la información del Diagnóstico Nacional de supervisión Penitenciaria realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 2019 y 2020, se advierte que en diversos centros penitenciarios como la Comisaría de Previsión Preventiva, los Centros Penitenciarios de Chapala, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán o la Comisaría de Sentenciados, presentaban diversas problemáticas como la deficiencia de condiciones materiales e higiene para alojar a las personas, deficiencia de condiciones materiales e higiene en las instalaciones para albergar a las personas así como condiciones deficientes en cocina o comedores y en áreas médicas”.
Hasta ahora, no han tenido respuesta por parte de las autoridades estatales ni acercamiento por parte de las instituciones a las que se les dirigieron las recomendaciones en el comunicado, por lo que se estará enviando un documento a cada una de las dependencias estatales a fin de que se puedan garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad y poder incidir en la implementación de políticas o acciones para dar cumplimiento a las recomendaciones internacionales.
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