La tarde de este martes, por primera vez en la historia, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pronunció ante la desaparición forzada de mujeres en México, con el caso de Ivette Melissa Flores Román, quien desapareció el 24 de octubre de 2012 en Iguala, Guerrero.
El pronunciamiento de CEDAW fue hecho a través de un dictamen en el que el Comité señala que el estado mexicano, la Fiscalía General y las demás autoridades violaron el artículo 2 de la Convención sobre Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, esto debido a que en este caso, no se llevó a cabo una búsqueda inmediata, sin dilación y sin perspectiva de género.
Dicho pronunciamiento fue dado a conocer durante una conferencia de prensa organizada por Idheas, litigio estratégico en derechos humanos, quienes dan acompañamiento legal a la familia de Ivette Melissa.
La conferencia contó con la presencia de Sandra Luz Román, madre de Ivette Melissa, quien compartió la historia de la desaparición de su hija, así como su lucha en estos años en búsqueda de justicia.
En la mesa también se encontraban Isabel Suárez, asesora jurídica de la familia de la víctima; Juan Carlos Gutiérrez, director de Idheas, y Jesús Peña Palacios, representante adjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, quien reconoció "a Sandra Román y a toda su familia por su tenacidad y determinación por dar con el paradero" de su hija, y sentenció que desde CEDAW reconocen la desaparición de mujeres como una de las manifestaciones más brutales de violencia por motivos de género.
Además, el representante adjunto del Alto Comisionado sentenció que, hasta el momento en México hay más de 108 mil personas desparecidas, "algunas de ellas por agentes del estado"; de las cuales 26 mil 905 son mujeres.
Entre las omisiones y negligencias que el Comité determinó, se encuentra la decisión de no investigar los hechos como actos de violencia por razón de género; la existencia de normas del derecho penal que garanticen la investigación de los delitos del crimen organizado con perspectiva de género; así como las fallas sistemáticas e ineficiencia en la investigación por la desaparición de Ivette Melissa.
De acuerdo con el dictamen, CEDAW ha dado un plazo de seis meses, “para que el estado responda por escrito e informe sobre las medidas que haya adoptado para cumplir con las recomendaciones que están solicitando”, comentó Juan Carlos Gutiérrez, director de Idheas.
“La Secretaría de Gobernación no ha manifestado su voluntad de avanzar en el cumplimiento, sin embargo, necesitaríamos que tanto la Fiscalía General de la república, la Fiscalía del estado y la Comisión de Atención a Víctimas, sean quienes también manifiesten su voluntad”, agregó Gutiérrez.
“Yo quiero agregar”, dijo la señora Sandra al finalizar la conferencia, “que el 24 de octubre de 2012, cuando se llevan a mi hija, se llevan 17 mujeres… 17 mujeres desaparecidas que a nadie las busque, que sus familiares por miedo no las buscan, pero son 17 mujeres, y aún así con esa cifra, Guerrero no hizo nada por ellas”.
El caso de Ivette Melissa
"Ivette Melissa Flores Román fue sustraída de su domicilio y privada de su libertad por un grupo de encapuchados armados junto con su cuñada. Fueron sustraídas con extrema violencia el 24 de octubre de 2012 en Iguala, Guerrero", relató la abogada Isabel Suárez.
Tras este hecho, la señora Sandra Román acudió al cuarto batallón en dónde le negaron el apoyo, también presentó la denuncia ante la policía judicial, la policía del estado y la policía municipal: "Nos dijeron que todos estaban acuartelados, que no podían dar seguridad, así que mi hija no fue buscada", contó Sandra Román durante la conferencia de prensa quien, tras comenzar la búsqueda de su hija fue diagnosticada con cáncer (el mismo caso de muchas madres buscadoras).
La señora Sandra asegura que durante dos años no recibió respuesta a sus denuncias: “Quien levantó todos los casquillos que fueron percutidos esa noche fui yo, y hasta los dos años se los entregué a la SEIDO”, la ahora Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organiza.
Del caso de Ivette Melissa, uno de los puntos que los encargados de la conferencia señalaron, es que las autoridades no tomaron en cuenta el contexto en el que vivía la víctima, quien “sufrió violencia familiar por parte del padre de su hija, su expareja, y su suegro, quienes la amenazaron y amedrentaron en la época en la que vivieron juntos y continuó cuando ella se fue del domicilio”, mencionó la defensa legal de la señora Sandra.
“Las autoridades no ordenaron ninguna acción de búsqueda inmediata, ni se activó ningún mecanismo de búsqueda de mujeres desaparecidas, a pesar del grave peligro en el que se encontraban y de la normativa vigente que obligaban a tales acciones”, aseveró la licenciada.
Fue hasta 2016 que el ministerio público de Iguala recabó la declaración de la señora Sandra y que se solicitó el ingreso de los datos de la víctima, dándole el título de “persona o localizada”. El 14 de marzo de 2014, la fiscalía especializada para los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas de la Fiscalía General de la República, declaró que los hechos investigados o podían ser considerados como hechos de violencia contra la mujer, por la falta de elementos probatorios en la investigación.
Es así como a más de 10 años de la desaparición de Ivette Melissa, el estado no ha avanzado en la investigación, a tal grado que, uno de los principales sospechosos por la desaparición de la joven, ya falleció.
“Mi lucha, está dedicada a todas esas madres, a todas esas familias que tienen a un familiar desaparecido”, agregó Sandra Román.
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