La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que la Mesa Directiva del Senado sustituya al Comité de Evaluación del Poder Judicial en la selección de candidatos a jueces y magistrados. El plazo vence el 31 de enero. En caso de incumplimiento, las candidaturas podrán enviarse directamente al INE para continuar el procedimiento. Además, este lunes los cinco integrantes del Comité de Evaluación presentaron su renuncia con carácter inmediato e irrevocable.
Al repsecto, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa, defendió la decisión del Tribunal Electoral y del Senado de la República de asumir la insaculación de los candidatos, con el fin de no dejar fuera del proceso a los abogados y abogadas que se inscribieron en el comité, en un contexto de inestabilidad y controversia.
En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, en El Heraldo Radio, que se transmite en la señal de El Heraldo Media Group, Esquivel Mossa señaló que, al haber sido una suspensión en un ámbito electoral, dicha decisión fue ilegal, pues ninguna autoridad, ni la presidenta de la Corte ni cualquier otro juez, tiene la facultad de suspender un proceso electoral en curso.
Es gravísimo que no se haya cumplido con la obligación constitucional de evaluar a los candidatos, cuando ya debió haberse realizado el examen de cada uno de los aspirantes. Ninguna autoridad puede suspender un proceso electoral, ni siquiera el Comité de Evaluación", declaró Yasmín Esquivel Mossa.
Postura de miembros complica proceso de elección judicial
Esquivel Mossa explicó que el Comité de Evaluación había suspendido sus actividades en un contexto marcado por la resistencia de sus miembros a la reforma judicial. La mayoría de los integrantes del comité, antes de su nombramiento, se habían manifestado públicamente en contra de los cambios legislativos que dieron origen a la creación de este comité.
Según la ministra, esta postura en contra de la reforma generó una situación de desconfianza hacia el comité desde el inicio, lo que, a su juicio, complicó aún más el cumplimiento de sus funciones.
Los integrantes del Comité de Evaluación ya habían mostrado su oposición a la reforma desde el principio, lo cual generó un ambiente de desconfianza. No es una sorpresa que se haya dado esta inactividad, pues desde su conformación se veía difícil que pudieran cumplir con la responsabilidad que tenían”, afirmó Esquivel Mossa.
Ante la parálisis del comité, la ministra sostuvo que el Tribunal Electoral, a través de una resolución tomada ayer, determinó que el Senado de la República asumiría la responsabilidad de realizar la insaculación de los aspirantes que pasaron la primera etapa del proceso. Esto permitirá que las personas que se inscribieron y pasaron la evaluación inicial no sean excluidas del proceso judicial.
El Tribunal Electoral decidió que el Senado llevara a cabo la insaculación para asegurar que los derechos de los aspirantes no se vean vulnerados por la inactividad del Comité de Evaluación. El proceso tiene que continuar para que los aspirantes no queden en indefensión”, destacó la ministra Yasmín Esquivel.
Además, Esquivel Mossa hizo un llamado a revisar la posible responsabilidad administrativa de los integrantes del Comité de Evaluación por no haber cumplido con su deber constitucional. A pesar de la renuncia presentada por los miembros del comité ante la imposibilidad de continuar con sus funciones, la ministra insistió en que la actuación de los involucrados debe ser evaluada, dado que su falta de acción podría haber tenido consecuencias para los aspirantes.
Es importante que se revise si la actuación de los miembros del Comité de Evaluación podría generar alguna responsabilidad administrativa. Ellos debieron haber desempeñado esta función hasta el final, no podían simplemente detener sus labores sin justificación", subrayó Yasmín Esquivel.
En cuanto al cuestionamiento de la ministra Ortiz, quien previamente había señalado que el Comité de Evaluación generó desconfianza y obstáculos desde su creación, Esquivel Mossa coincidió en que la postura de los integrantes del comité, manifestada públicamente en contra de la reforma judicial, fue un factor clave en la desconfianza que rodeó al proceso. Sin embargo, la ministra matizó que la prioridad, en este momento, debe ser garantizar que los derechos de los aspirantes se respeten y que el proceso continúe de manera transparente.
Es cierto que las expresiones previas de los miembros del comité generaron desconfianza, pero ahora lo que debemos hacer es proteger los derechos de los aspirantes que confiaron en el proceso. No podemos dejar que su esfuerzo y su participación queden fuera por la inacción de algunos", afirmó Yasmín Esquivel.
La ministra también explicó que, a pesar de las objeciones políticas y jurídicas a la implementación de la reforma judicial, el proceso de selección de candidatos debe seguir adelante, ya que, según ella, el reto es concluir el proceso con total transparencia y sin que se vulneren los derechos de los aspirantes.
Lo que está en juego no es solo un proceso jurídico, sino la oportunidad de las personas que confiaron en el sistema. No podemos permitir que el proceso se vea afectado por intereses políticos o por la falta de acción de quienes debían cumplir con su responsabilidad constitucional", concluyó Esquivel Mossa.
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