En sesión virtual y con un voto dividido de 3 a 2, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que la Mesa Directiva del Senado sustituya al Comité de Evaluación del Poder Judicial en la selección de candidatos a jueces y magistrados. La decisión busca destrabar el proceso, paralizado por órdenes judiciales.
El Senado realizará una insaculación pública para definir las candidaturas, garantizando paridad de género. El plazo vence el 31 de enero. En caso de incumplimiento, las candidaturas podrán enviarse directamente al INE para continuar el procedimiento. Además, este lunes los cinco integrantes del Comité de Evaluación presentaron su renuncia con carácter inmediato e irrevocable.
Al respecto, Javier Martín Reyes, investigador de Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, calificó como "muy desafortunada" la actual situación del proceso de elección judicial en México, señalando fallos estructurales en el diseño de la reforma y la intervención de actores políticos y judiciales que comprometen la independencia del Poder Judicial.
En entrevista con Mario Maldonado para el programa de Las Noticias de la Mañana, en El Heraldo Televisión, que transmite en la señal de El Heraldo Media Group, Martín Reyes destacó que las suspensiones emitidas por jueces de distrito, incluida una en Michoacán, complicaron un proceso ya de por sí accidentado.
Aunque reconoció que el Poder Judicial actuó correctamente al acatar dichas resoluciones, subrayó la irresponsabilidad del Tribunal Electoral al intervenir en competencias que no le corresponden, tomando decisiones que calificó de "jurídicamente insostenibles e institucionalmente irresponsables".
Controversias en el TEPJF
Entre las decisiones más controvertidas, mencionó la determinación de la Sala Superior del Tribunal Electoral de permitir que el Senado, dominado por Morena, asuma la selección de candidatos judiciales sin realizar evaluaciones. Esto, según Martín Reyes, rompe con el equilibrio establecido por la reforma judicial, donde cada poder debía tener autonomía para proponer candidaturas. “Pasamos de un esquema equilibrado de 1-1-1 a un desbalance de 2-1-0”, afirmó.
El investigador lamentó que la reforma, diseñada para fortalecer la pluralidad y la calidad en el sistema judicial, ahora enfrenta riesgos de politización e incompetencia.
Hay un peligro de que lleguen perfiles que no solo no sean independientes, sino que tampoco tengan la preparación técnica necesaria para desempeñar cargos tan complejos como el de ministro de la Corte o magistrado del Tribunal Electoral”, señaló Javier Martín .
Asimismo, cuestionó la falta de legitimidad del Tribunal Electoral, al que acusó de actuar conforme a los intereses del poder en turno. Martín Reyes recordó antecedentes como la ampliación inconstitucional de los mandatos de los magistrados en 2016, señalando que decisiones similares han continuado bajo la actual administración.
Sobre la elección judicial, advirtió que la participación ciudadana será baja debido a la mala implementación de la reforma, calificándola como un “desastre anunciado”.
Es improbable que alcancemos siquiera el 40% de participación que se ve en elecciones intermedias. Esto no será una muestra de apoyo ciudadano, sino un reflejo de la incompetencia legislativa”, concluyó Javier Martín.
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