CONSULTA POPULAR

Morena acusa al INE de intento de boicot de la consulta popular

INE asegura que los tiempos establecidos de difusión fueron aprobados por el Congreso de la Unión; mientras que los partidos de oposición consideran innecesaria la consulta popular

La consulta popular se realizará el próximo 1 de agosto y se estima que el ejercicio cívico tendrá un costo de 500 millones de pesos. Foto: Archivo
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El representante de Morena, Sergio Gutiérrez, acusó al Instituto Nacional Electoral (INE), de intentar boicotear la consulta popular conocida como juicio a expresidentes, argumentó falta de difusión y despliegue operativo para que los ciudadanos acudan a emitir su opinión en 1 de agosto, el órgano electoral desmintió los dichos del partido. 

“Se lo digo directo, Presidente y claro, observamos un intento de boicot. Es muy claro que no hay la convicción, no hay el deseo de que este ejercicio democrático sea un éxito, y me voy a casos específicos, mesas receptoras de casilla”, señaló el morenista al final de la sesión ordinaria del Consejo General de este miércoles, que duró más de nueve horas.

El morenista, exigió la instalación  de un mayor número de casillas o mesas receptoras, las mismas que en la elección del pasado 6 de junio; así como difusión del ejercicio ciudadano antes del 15 de julio. 

“¿Qué vemos nosotros? Vemos su intención de instalar 57 mil casillas, cuando en la elección federal se instalaron 156 mil casillas. Están ustedes en la idea de que un tercio de esas casillas sean las que funcionen para la Consulta Popular, es evidentemente que eso va a mermar la participación, es evidente que va a ser difícil el acceso de los ciudadanos para votar en esas casillas", comentó.

En cuanto a la difusión, el representante de Morena señaló que 17 días de difusión son insuficientes para que la gente se informe y participe.

Congreso aprobó fechas

El pasado lunes, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, recordó que las fechas de la convocatoria fueron establecidas y aprobadas por el Congreso de la Unión y también que la negativa de ampliación presupuestal por parte de los tres Poderes de la Unión, para realizar la consulta, redujo considerablemente su capacidad operativa. 

En respuesta, el presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, el consejero, José Roberto Ruiz, rechazó las acusaciones de Morena y expuso que no fueron objetadas, en su momento, ni la metodología para la difusión, ni los lineamientos, tampoco la adenda en la que se estableció que debido a la falta de recursos se tendría que rehacer el alcance de la consulta.

“… pues no ha habido boicot no solo de la Comisión que honrosamente presido, sino del propio Instituto. Porque al día de hoy llevamos nada más y nada menos que 28.64% de las personas requeridas para integrar las mesas directivas de opinión, no de casilla, de opinión en tan solo 6 días”, expresó.

Advirtió que aunque en este momento les quisieran ampliar el presupuesto, “aunque fueran 200 milloncitos” ya no es posible modificar la planeación con el trabajo en marcha.

Consulta es innecesaria 

Los representantes de los partidos de oposición PAN, y PRD encararon a su homólogo de Morena y le recriminaron la innecesaria consulta, toda vez que, coincidieron, la justicia no está sujeta a consulta.

“Imagínense qué grave que, habiendo elementos para procesar a una persona por un delito, cualquiera que este sea, bastara una consulta para que la gente dijera que no, que no se le juzgue, haya hecho lo que haya hecho”, señaló Victor Hugo Sondón, representante de Acción Nacional.

Los representantes del PRD, Ángel Ávila y Arturo Prida, calificaron a su homólogo de Morena de “cínico” toda vez que buscan un ejercicio idéntico a un proceso electoral cuando, a través de su fracción parlamentaria y del gobierno federal se negaron los recursos.

Reiteraron que buscan una consulta sobre un tema que debe resolver la autoridad judicial, y sólo ocupan el ejercicio legítimo y ciudadano como propaganda para el titular del Ejecutivo y su proyecto, mientras casos en los que están directamente vinculados sus funcionarios quedan impunes.

“No quieren hablar de la falta de medicamentos, de los más de mil 600 niños que han muerto porque simplemente no han comprado las medicinas, eso sí debería de darles vergüenza, porque no quieren una comisión de la verdad ni en la Cámara de Diputados, y menos quiere una comisión de la verdad para el tema de la línea 12 del Metro”, señaló Ávila

Por Elia Castillo

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