En horas recientes ha causado sensación entre la ciudadanía, la decisión de quitar el fuero constitucional a los diputados Benjamín Saúl Huerta Corona y Mauricio Toledo, el primero exmiembro del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el segundo, legislador del Partido del Trabajo.
La Sección Instructora de la Cámara de Diputados determinó procedente el desafuero de Huerta Corona acusado de violación sexual equiparada agravada en contra de un menor de 15 años de edad, recordemos que el diputado fue captado en video cuando se encontraba en un hotel de la capital mexicana en compañía del menor. El hecho produjo que se terminara su campaña electoral (en la que buscaba la reelección) y el repudio de amplios sectores de la población, compañeras de partido incluidas.
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En tanto, Toledo es señalado por enriquecimiento ilícito durante el gobierno del ahora senador perredista, Miguel Ángel Mancera, el diputado fungía como legislador local.
En ambos casos la sección instructora dictaminó retirarles el fuero constitucional para que las autoridades judiciales ejerzan acción penal por sus actos.
Históricamente, el fuero constitucional aparece formalmente desde la Constitución de 1824, y se consolida luego de la Revolución Mexicana, su finalidad es proteger a los funcionarios para que no sean perseguidos por sus ideas políticas, formas de pensar y para no entorpecer sus labores públicas durante su encargo como funcionario.
Sin embargo (y por desgracia), el concepto primigenio se fue desgastando y con el paso de los años, la protección se convirtió en impunidad, en muchos casos en los que funcionarios públicos cometieron delitos y se escudaron en su inmunidad para no ser juzgados por las autoridades judiciales.
¿Qué es el fuero constitucional?
De acuerdo con el Diccionario Jurídico Mexicano, el fuero constitucional es una figura jurídica entendida como una inmunidad procesal.
Esa inmunidad se rige bajo tres principios aplicables, para los siguientes funcionarios: presidente de la República, gobernadores de los estados, legisladores (diputados y senadores) ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados de tribunales y presidentes municipales.
Los principios son los siguientes:
De inviolabilidad, por el que se protege a los funcionarios y sus opiniones, no se les pueden fincar responsabilidades jurídicas penales, civiles o administrativas, por las actividades que estos funcionarios ejercen.
Inmunidad procesal penal, nos indica que los funcionarios citados no pueden ser enjuiciados penalmente ni tampoco pueden ser perseguidos durante la duración de su cargo.
Fuero en sentido estricto. (Juicio de desafuero), cuando un funcionario tiene una sospecha evidente de haber cometido un delito, la Cámara de Diputados puede iniciar este juicio de desafuero para quitarle la inmunidad para ser juzgado por la ley.
La decisión corre a cargo de un jurado de procedencia designado por la misma Cámara para votar por el desafuero.
Cabe resaltar que durante el gobierno del presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, el Senado de la República, aprobó las reformas para que sea posible quitarle el fuero al presidente de la República, así como a los legisladores federales, para que puedan ser imputados y juzgados no sólo por traición a la patria (como hasta esa fecha se tenía institucionalizado), sino también en los casos de corrupción y delitos electorales.
Casos de desafuero en la política mexicana
Quizá el caso más sonado y mediático de los últimos tiempos es el que protagonizó el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando era Jefe de Gobierno de la ciudad de México en el sexenio de Vicente Fox.
En aquella ocasión, el Jefe de Gobierno fue acusado por la Procuraduría General de la República (PGR), por violar una orden judicial que exigía la suspensión de la construcción de una calle en un terreno que iba directo a un hospital, en el predio El Encino, expropiado años antes por la exjefa de Gobierno, Rosario Robles.
El caso tomó tintes políticos más que judiciales (se habló de quitarle a AMLO la posibilidad de ser candidato a la presidencia) y terminó con la marcha atrás del presidente Fox, luego de protestas multitudinarias en favor de López Obrador.
Otro de los casos más recientes y polémicos es el que sucedió este 2021 con el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, mismo que fue desaforado por la Cámara de Diputados Federal, las acusaciones vertidas por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por defraudación fiscal, delincuencia organizada y lavado de dinero.
Ante este hecho se generó una polémica porque mientras el Congreso Federal aprobó el desafuero, el Congreso de Tamaulipas interpuso una controversia constitucional, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó el caso y desechó la controversia promovida por el Congreso local, dicha decisión fue ambigua y hasta la fecha continúa sin resolverse.
En 1909, el diputado José López Portillo y Rojas fue acusado de fraude y perdió su fuero para ser juzgado.
1935, el senador Manuel Riva Palacio perdió el fuero al estar acusado de conspiración contra el gobierno.
En 1945, los diputados Carlos Madrazo, Sacramento Joffre y Pedro Téllez Vargas fueron desaforados al ser acusados de traficar con tarjetas para la contratación de braceros en los Estados Unidos.
En 1947, el senador Félix Ireta Viveros fue desaforado al ser acusado de falsificación de documentos; en 1983 el senador Jorge Díaz Serrano ‘La Quina’ perdió el fuero al ser acusado de fraude en Pemex.
Los últimos y más recientes casos son el de René Bejarano Martínez, el 4 de noviembre del 2004; Julio César Godoy Toscano, el 14 de diciembre de 2010; a Lucero Guadalupe Sánchez López, el 13 de junio de 2016; y el último, el de Cipriano Charrez Pedraza, el 4 de abril de 2019.