Con un escaso entusiasmo ciudadano y abundantes señales de preocupación por parte de especialistas y actuales funcionarios, comenzaron las campañas para la primera elección judicial en México.
El Poder Judicial ha quedado relegado al papel de mero espectador. En total, se registran 3 mil 422 aspirantes para ocupar 881 cargos federales que serán elegidos el próximo 1 de junio. Desde el pasado domingo, se observa desfilar a candidatas y candidatos cuyas trayectorias se encuentran marcadas por cuestionamientos profesionales, tropiezos documentados, acusaciones de acoso y hostigamiento sexual, antecedentes penales e incluso, presuntos vínculos con el crimen organizado. A ello se suman perfiles que mantienen relaciones de abierta complacencia con los otros poderes del Estado, incurriendo en evidentes conflictos de interés.
Al mismo tiempo, se ha configurado un escenario en el que la función jurisdiccional corre el riesgo de convertirse en una pieza más del ajedrez político. La ciudadanía, carente de la información suficiente para emitir un voto verdaderamente informado, podría ver disminuida aún más su ya limitada posibilidad de acceso efectivo a la justicia. Ese es el verdadero trasfondo de esta contienda.
Las campañas iniciaron con un nuevo episodio de la tensión entre poderes. Mientras el Ejecutivo federal y el Poder Legislativo manifestaban su intención de exhortar a la ciudadanía a participar en el proceso electoral, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral los frenó recordando que, conforme a la reforma previamente aprobada por los propios legisladores, la promoción del voto en este proceso es atribución exclusiva del Instituto.
Previamente se había descartado la posibilidad de utilizar los tiempos oficiales de radio y televisión asignados a los poderes públicos para fomentar la participación ciudadana, lo cual también incidirá en una baja afluencia a las urnas.
A diferencia de las elecciones partidistas y al margen de las ya desgastadas dinámicas propias de las campañas políticas tradicionales, los aspirantes a ministras, ministros, jueces y magistrados no militan abiertamente en partidos políticos, ni cuentan con asesoría profesional ni recursos públicos para su promoción.
En este contexto, muchos de ellos han recurrido a las redes sociales —particularmente TikTok— como principal herramienta de difusión. Ejemplos como “Dora la transformadora”, “Más preparado que un chicharrón”, “Un perreo judicial” o “Enamorada… de un edificio” han alcanzado notoriedad no por la solidez de sus propuestas, sino por su carácter estrafalario y viralidad en plataformas digitales.
Este inicio de campañas ilustra el vacío de propuestas sustantivas, por lo que más que un avance democrático, este proceso parece acercarnos peligrosamente a la banalización de la justicia.
No todos los candidatos son malos. Hay probados funcionarios, expertos, académicos y jóvenes que son auténticas promesas. Que destaquen entre tanto distractor, será difícil.
POR CARLOS ZÚÑIGA PÉREZ
COLABORADOR
@carloszup
MAAZ
