El manejo del caso “Rancho Izaguirre” pareciera obedecer a lecciones aprendidas de terribles episodios del pasado, pero no por las razones deseables.
La noche de Iguala, la masacre de San Fernando, y otros sucesos, sentaron un mal precedente: hacer de la tragedia un arma política, desacreditar al gobierno en turno y construir relatorías electoralmente rentables.
El escenario actual es peculiar, pues muchos que desde la oposición recurrieron a esas estrategias hoy son gobierno y deben evitar que se revierta lo que antes operó en su favor.
¿Qué se sabe a ciencia cierta del rancho ubicado en Teuchitlán, Jalisco?
En principio que, a diferencia del Rancho del Sol, en Tanhuato, Michoacán, donde en 2015 se dio un enfrentamiento entre la entonces Policía Federal e integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y que había sido previamente despojado a su dueña, los expropietarios del Rancho Izaguirre han señalado que lo vendieron sin presiones de ninguna índole, aunque no ha trascendido a quién o a quiénes les fue transferida la propiedad.
Por testimonios recabados en la investigación del caso Tanhuato, se supo que en dicho lugar estuvieron por lo menos 500 integrantes del mismo grupo delictivo.
El sitio era una especie de centro de adiestramiento y guarida de sicarios.
El Rancho Izaguirre fue igualmente un centro de reclutamiento e instrucción y existe evidencia sólida de haber sido un lugar donde se asesinaron un número indeterminado de personas.
Como caso de gabinete, el del Rancho Izaguirre debió tener como hipótesis de trabajo, por lo menos, las siguientes preguntas:
¿Qué acciones realizaba el cártel en dicho sitio?
¿Cuál era su relevancia logística?
¿Quién o quiénes lo administraban?
¿Cuántas personas y quiénes fueron asesinados en su interior?
En cambio, lo que hemos visto son deslindes y descalificaciones entre órdenes de gobierno que no ayudan a establecer mejores prácticas en el combate a la delincuencia organizada.
Atrocidades como las del Rancho Izaguirre las cometen los integrantes del crimen organizado.
Paradójicamente, a los criminales no se les condena públicamente y ya es tiempo.
Las complicidades oficiales existen, claro está; son condición necesaria para la existencia de la delincuencia organizada.
Empero, siempre serán menos que las concebidas por el imaginario popular y muchos menos de lo que los intereses político-electorales insinúan.
No ejercer la competencia federal desde un principio, tal vez evite lo que se conoce como “golpeteo político”, ciertamente.
Sin embargo, una presidenta cercana a 80 por ciento de aprobación, con un secretario de Seguridad y Protección Ciudadana bien reconocido, y que en los hechos ha emprendido un cambio en la política de combate al crimen organizado con relación a su antecesor, puede y debe otorgarse esas licencias.
El caso del Rancho Izaguirre es una oportunidad para el actual gobierno: encontrar la verdad al costo que sea y perseguir a los responsables en vez de enfrascarse en una batalla por la relatoría políticamente conveniente.
El tiempo pone todo en su lugar y no sale bien librado del juicio histórico quien omite actuar cuando le es posible y exigible.
POR MANELICH CASTILLA
COLABORADOR
@MANELICHCC
PAL
