La protesta o manifestación pública representa un acto que casi toda sociedad ha empleado en algún momento de su historia. Entiéndase no solo la acción de mostrar inconformidad, sino buscar una legitimación ante una demanda e inclusive respaldar un tema de la agenda pública o gubernamental.
Es difícil, e innecesario, intentar encontrar el origen de esta práctica. Protestar es más complejo de lo que aparenta en su superficie, desde cómo lo observa el Estado y a su vez lo tolera, hasta los objetivos y la conformación de los grupos que protestan (estos pueden ser organizados por élites o capas populares, como se ha visto en México).
¿Qué es la protesta para un gobierno? ¿Es una molestia o una oportunidad? En muchas ocasiones, la misma naturaleza de la manifestación en las calles mueve el actuar de los gobernantes. En Francia y otros países occidentales, durante el siglo diecinueve, según apuntan los investigadores Olivier Fillieule y Danielle Tartakowsky en su obra Cuando la acción colectiva toma las calles (2015), la protesta se fue instalando como un movimiento legítimo de representación ciudadana a la par del sufragio, cambiando así su sentido e interpretación respecto a lo que era en el Antiguo Régimen.
Hasta la fecha se puede afirmar que, junto con el voto, el acto de protestar es la mayor expresión que tiene la población civil de participación política, producto también de la tolerancia e incluso legitimación que le han otorgado los gobiernos. Esto no implica, como lo han mostrado diversas experiencias, que no se recurra a la violencia o represión estatal cuando las protestas se tornen molestas o supuestamente rompan ese "permiso" que el Estado les otorga bajo sus propias reglas.
No obstante, esta era de las democracias ha hecho de la protesta una herramienta de legitimación en cuanto que es necesaria para reafirmar su compromiso con la democracia. La permite, pero igualmente es capaz de crear una narrativa en torno a ella para deslegitimarla mediante discursos de antagonismo: "son enemigos de la patria" o "son delincuentes".
Los Estados modernos se encuentran en la posición de tener que permitir y, en cierta medida, legitimar las manifestaciones públicas como prueba de su ideal democrático, mientras simultáneamente desarrollan estrategias para controlarlas y, en ocasiones, deslegitimarlas cuando perciben que amenazan sus intereses.
La protesta continuará siendo una manera de participar en el cambio social y político, desafiando constantemente los límites de la tolerancia estatal. En el fondo, protestar le recuerda a la democracia que no es una última instancia.
POR IGNACIO ANAYA
COLABORADOR
@Ignaciominj
MAAZ
