Hoy festejamos el grito de independencia, que dio inicio a la guerra que llevó a México ser un país. Pues vaya paradoja que al tiempo estamos presenciando el final de una etapa independiente del Poder Judicial.
La reforma constitucional que se terminó de procesar la semana pasada toma por asalto al Poder Judicial, desde el ocaso de la presidencia de un personaje que se dedicó poco menos de seis años a destruir instituciones públicas y a concentrar el poder nuevamente en la Presidencia de la República.
La administración pública federal de este sexenio ha sido desdibujada por el protagonismo y la terquedad de López Obrador. Todas las decisiones son tomadas por él. Las y los titulares de las dependencias y entidades están incapacitados para actuar en ejercicio pleno de su cargo.
El Congreso de la Unión, con la mayoría aplastante del partido oficialista y sus aliados, es una aparato burocrático que se dedica a levantar la mano ante las iniciativas de su líder, el Presidente de la República.
Un hombre rencoroso y vengativo, primero intentó volcar su furia y poder sobre el INE, pero fracasó dado que la Suprema Corte echó abajo el llamado Plan B. Un acto imperdonable.
Con un triunfo electoral plagado de irregularidades y la flagrante violación a la Constitución que los llevó a tener dos terceras partes de las Cámaras, se procesó en la nueva legislatura su iniciativa para someter al Poder Judicial. Será renovado en su totalidad y sus titulares serán postulados por los poderes de la Unión -plenamente cooptados por Morena- y elegidos mediante el voto popular. No se necesita ser presagio para saber a los intereses de quién responderán.
En cuanto a forma, los hechos que presenciamos en las últimas semanas revelan que una reforma constitucional de gran calado, pues transforma al Estado mexicano, fue elaborada y procesada con el estómago y bajo los influjos de la embriaguez que otorgaron las urnas al partido oficialista. Dicen que el pueblo votó por esa reforma judicial. Nada más falso. Eso es mero discurso demagógico.
Se llevó a cabo proceso legislativo sin discusión ni análisis, en el que se simuló un supuesto parlamento abierto, se ignoraron voces, posiciones y reclamos del propio Poder Judicial, investigadores, expertos, opinión pública, estudiantes, políticos y países aliados comerciales, entre muchos otros. Con las calles y el recinto legislativo tomados por manifestantes, corriendo de una sede a otra, fue votada con prisas la reforma, para poder entregársela al Presidente antes de que termine su mandato.
En el fondo es una reforma que merece un análisis minucioso, pues contiene muchos errores y lagunas. No solo entrega la elección de la judicatura a los vaivenes político-electorales, sino que pretende aplicarse igualmente con prisas, sin leyes que regulen los nuevos postulados constitucionales ni mucho menos el proceso electoral que comienza con la entrada en vigor del Decreto.
Los siguientes capítulos son la desaparición de órganos constitucionales autónomos y la reforma electoral para asegurar la continuidad del gobierno autocrático. Negro panorama el que se vislumbra. Lo que queda claro es que a quienes se decían opositores de izquierda y criticaban la hegemonía y autoritarismo del viejo PRI no era eso lo que les molestaba, sino no ser incluidos.
POR GABRIEL MENDOZA ELVIRA
ABOGADO CONSULTOR
@GMENDOZAELVIRA
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