“Solo en un desierto podrás gobernar perfectamente en solitario”, Bernard Crick
La administración pública es el motor detrás del funcionamiento de los Estados modernos. Es el conjunto de instituciones, normas y procesos que permiten la implementación de políticas públicas para satisfacer las necesidades de la sociedad, incluso es una parte fundamental del quehacer político… aunque los mismos políticos no lo sepan (o crean).
Para poder diferenciar la política y el gobierno (la AP), Herbert Simon cambió la forma en que se entendía el proceso de toma de decisiones. En su obra “Administrative Behavior”, Simon critica el enfoque tradicional de la administración, que asumía que las decisiones se tomaban de manera completamente racional. Argumentó que los humanos tienen una “racionalidad limitada”, ya que no pueden acceder a toda la información disponible ni prever todas las posibles consecuencias. Esta idea revolucionó la teoría administrativa, pues reconoció la importancia de los factores emocionales, culturales y sociales en la toma de decisiones.
Para Woodrow Wilson, la política y la administración debían ser separadas. Para los funcionarios públicos deberían estar enfocados en implementar eficientemente las decisiones tomadas por los políticos, manteniendo un enfoque técnico y neutral. Esta separación, aunque criticada por algunos, sentó las bases de la administración pública como una disciplina independiente. Por su parte, Dwight Waldo hizo un aporte crucial al señalar que la administración pública “no puede ni debe ser completamente neutral”. Sostuvo que las decisiones administrativas están impregnadas de valores políticos y éticos, y que los administradores públicos deben estar conscientes de cómo sus decisiones afectan a la sociedad en su conjunto.
Estas tres visiones de la Administración Pública (particularmente en Estados Unidos) -que se enfrentan, pero también se complementan-, resaltan la importancia e imbricación de la política y la AP. En el caso mexicano -y de toda América Latina-, Luis F. Aguilar argumenta que la administración pública debe evolucionar hacia modelos más participativos y orientados hacia resultados y critica los sistemas burocráticos tradicionales, que a menudo son ineficientes, poco transparentes y aboga por un enfoque que ponga al ciudadano en el centro de la toma de decisiones y la gestión pública.
En este sentido, -y tratando de hacer un análisis integral-, la burocracia mexicana, aunque lento y con esfuerzos aislados, la AP mexicana ha intentado realizar esfuerzos por modernizarse a través de la profesionalización del servicio civil, la adopción de nuevas tecnologías y la implementación de políticas de transparencia y rendición de cuentas, pero también ha sido criticada por su ineficiencia, corrupción y falta de transparencia. Algunas veces por involucrarse de más (recordemos el “priato”, donde todos los miembros del partido eran parte la burocracia), sin embargo, en las últimas décadas se le señala de involucrarse “de menos”. Como sabemos, lastimosamente, en el sexenio que está por terminar, se ha desmontado el sistema de profesionalización en la AP ligada a la frase grandilocuente del líder: “90 % lealtad, 10 % técnica”.
Así, sabemos que la administración pública es un campo esencial para el funcionamiento del Estado, pero que la intromisión política limita su adecuado funcionamiento. Teóricos como Simon, Wilson, Waldo y Aguilar han proporcionado herramientas clave para su comprensión, empero, si no hay voluntad política, no habrá una AP que dé resultados para la sociedad sin distingo de colores partidistas y ese es su principal desafío.
POR ADRIANA SARUR
COLABORADORA
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