Nunca como ahora la Judicatura federal y local han sido el tema de debate nacional, los efectos de la iniciativa Presidencial han sido positivos en este aspecto para reflexionar sobre la justicia en nuestro país.
Aunque tarde, hay que reconocerlo, ha despertado la Judicatura haciendo oír su voz, desde distintos foros y en distintos medios y formas, los jueces han expresado su manera de concebir una reforma judicial.
Hoy la sociedad mexicana, toda en su conjunto, exige de los tres Poderes de la Unión un compromiso inquebrantable, más allá de posiciones personales, con el orden constitucional, no puede ser de otra manera, la transformación violenta que aconteció con la revolución mexicana dio paso a una necesaria vida institucional que trajo un orden. Ahora, agotada esa etapa, la transformación que se deba hacer en materia de justicia tiene que transitar por la vía democrática, además de las urnas, con el diálogo incluyente, serio, informado y abarcando todas las áreas que la componen.
Falta aún por escuchar, debatir y proponer sobre justicia penal en las fiscalías, la que también se imparte en los tribunales administrativos, fiscales, agrarios, burocráticos e insisto, en la olvidada y tan importante justicia municipal o cívica, que es la de primer contacto y con la cual convive nuestra sociedad.
Es una oportunidad única para lograr con esta apertura democrática un avance en la justicia mexicana de hondo calado, no hay que caer en el reduccionismo del nada se toca para pasar al todo se toca pero como yo quiero que se toque. La democracia no es sólo cuestión de suma de votos, es de asumir compromisos con el resultado de éstos, para que cada acción de gobierno que se lleve a cabo signifique una mejora para todo el pueblo.
La Judicatura ya está en transformación aún sin proceso legislativo, el debate y la reflexión entre ministros, magistrados, jueces, académicos, legisladores e incluso la clase trabajadora entre sí misma, significa un avance que hay que consolidar. La unidad en los conceptos ideológicos, en su sana acepción, deberá darse en lo fundamental, lograr una justicia de calidad, pronta y expedita.
No hay redentores judiciales en ningún espacio público o privado, la reforma debe darse sí, claro que sí, como producto del análisis de todo el fenómeno de justicia con el mayor grado posible de objetividad por el Congreso de la Unión, quien será el responsable de fijar las reglas del cambio.
Por último, no hay que dejar pasar de largo, la partida de este mundo de Don José Agustín Ortiz Pinchetti, un forjador de las instituciones democráticas en México, siempre hará falta una voz como esa, mi solidaridad con su familia y especialmente con su compañera de vida y lucha, la ministra Loretta Ortiz Ahlf.
POR MAESTRO ENRIQUE SUMUANO CANCINO
CONTRALOR INTERNO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
MAAZ
