Ningún sistema económico opera eficazmente en la incertidumbre. La producción de los bienes y servicios que requiere un país está fundamentada en la expectativa de su rentabilidad. Sin renta no hay producción. Nadie va a generar satisfactores para perder.
Por ende, el primer elemento que se requiere es certidumbre en las reglas que aplican a las actividades productivas, saber que ruta o camino se debe seguir. Lo que a su vez es irrealizable sino son comprensibles las bases del sistema que interpreta y hace exigibles dichas reglas.
Es decir, el mecanismo de solución de las controversias debe ser lógico y congruente. Unicamente así se garantiza la certitud que reclama todo el aparato productivo.
Pero lo anterior no puede lograrse en la politización de la selección de los juzgadores. Llevar a elecciones populares a los jueces es forzarlos a entender y participar en la lucha política. Es forzarlos a cambiar de visión y objetivo fundamental. De cuestionarse: ¿Cuál es la interpretación correcta de esta ley? A preguntarse: ¿De qué manera comprenderán los electores mis sentencias?
El acto de dictar justicia no debe tener mas incentivo que descifrar a cabalidad la ley aplicable y su interpretación en el caso concreto.
La no dependencia de cualquiera otra consideración (independencia judicial) es esencial para el principio fundatorio de imparcialidad. En el cual reside, en última instancia, la credibilidad de todo el aparato de justicia y la certidumbre del sistema económico.
Se sirve al pueblo no cediendo a la popularidad de las decisiones jurisdiccionales si no siendo estrictamente fieles con la única forma en que genuinamente se expresa la voluntad de una nación: En las normas de la Constitución General de la República.
Miguel A Rosillo
Colaborador