En política, como en diplomacia, es tan importante el contenido de un mensaje como el medio a través del cual se transmite. La forma puede significar tanto o más que el fondo. Hace unos días, los embajadores de Estados Unidos y Canadá decidieron externar públicamente sus preocupaciones sobre la reforma constitucional a los poderes judiciales propuesta por el presidente saliente.
Más allá de la retórica oficialista que pretende acusar a sus representantes de un falso intervencionismo, la realidad es que EE. UU. y Canadá son aliados estratégicos que comparten con México mucho más que una pertenencia regional. Son nuestros principales socios económicos y tenemos principios, intereses y desafíos en común.
EE. UU. celebra un proceso electoral histórico en el que se juega no sólo su futuro, sino también el de su liderazgo mundial. Los estadounidenses participan indirectamente en dos conflictos de alcance global en Medio Oriente y Europa. Canadá, por su parte, enfrenta retos urgentes como la amenaza de las importaciones desde China o el aumento del desempleo, que busca mitigar con cambios en sus programas de empleo temporal.
Ninguno de los dos países tiene la menor intención de involucrarse en la política mexicana, ni motivos reales para hacerlo. Lo que sí tienen ambos es una preocupación legítima por los intereses que comparten con México: intereses que están en riesgo por la aprobación del dictamen de la reforma judicial en las comisiones de la Cámara de Diputados.
Entre sus tantas insuficiencias, quizá la más grave radica en que su aprobación implicaría poner en riesgo la autonomía de los juzgadores: una de las garantías mínimas de certidumbre legal para cualquier persona que tenga inversiones en nuestro país o quiera hacerlo. Las personas juzgadoras quedarían sujetas a intereses político-electorales que podrían condicionar sus decisiones. Naturalmente, esa posibilidad enciende las alertas de nuestros socios norteamericanos: dos de los países con más inversiones en la economía nacional.
Eso fue lo que llevó a los embajadores a pronunciarse sobre la reforma: la necesidad de transmitir la preocupación de sus gobiernos sobre la posible aprobación de disposiciones potencialmente violatorias del T-MEC que dejaría a sus inversionistas sin condiciones justas para proteger sus derechos. No obstante, la forma en que lo hicieron es una clara muestra de la degradación de los canales diplomáticos tradicionales: no están vigentes, no fueron efectivos o no fueron suficientes.
Si bien las declaraciones de los diplomáticos no fueron las más prudentes, no fueron lanzadas al vacío. Contra la propuesta se han expresado especialistas, colegios de abogacía, integrantes de los poderes judiciales, estudiantes, la iniciativa privada y la sociedad civil. Fuera de México, organismos internacionales, asociaciones de juristas e incluso medios de comunicación globales han manifestado sus inquietudes, su preocupación o su abierto rechazo.
En ese contexto, hacer eco del discurso oficial sobre el “injerencismo” o hablar de “pausas” en las relaciones diplomáticas es un despropósito. Las advertencias son claras. La decisión de ignorarlas e imponer la reforma puede ser muy costosa para todos.
POR CLAUDIA RUIZ MASSIEU
SENADORA DE LA REPÚBLICA
@RUIZMASSIEU
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