El comité especial de expertos y representantes gubernamentales de la ONU aprobó recientemente, luego de tres años de deliberaciones, un proyecto de convención sobre la ciberdelincuencia. Este trascendente acuerdo será próximamente sometido a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
De ser aprobado, sería el primer acuerdo global vinculante sobre el cibercrimen, ya que hasta la fecha el único referente multilateral es el Convenio de Budapest sobre delitos cibernéticos que entró en vigor hace 20 años. Dicho convenio, elaborado por el Consejo de Europa, del que forman parte más de 60 Estados, no es sólo un tratado contra la ciberdelincuencia sino que facilita la cooperación internacional en relación con cualquier delito relacionado con los sistemas informáticos.
Desde que la Federación Rusa propuso, en 2017, que la ONU emprendiera negociaciones para acordar un convenio sobre la ciberdelincuencia, el proceso ha estado envuelto en controversias, discusiones interminables y cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos.
Fueron 10 rondas de negociaciones en las que se evidenciaron profundos desacuerdos entre las partes, hasta que finalmente, el 8 de agosto, se logró un consenso sobre un texto que ha dejado algunas dudas y, como suele suceder en este tipo de negociaciones, dejó insatisfechos a muchos representantes gubernamentales.
En la negociación final del comité especial, los delegados se mostraron divididos en torno a la inclusión de derechos humanos específicos en la convención. Unos argumentaron que no se trataba de un tratado de derechos humanos por lo que su inclusión podría convertirse en un obstáculo para la cooperación, mientras que otros sostuvieron que la falta de referencias explícitas a los derechos humanos es en sí misma un obstáculo para la cooperación internacional.
Este debate refleja la realidad geopolítica actual, donde las divergencias entre las democracias occidentales encabezadas por EU y la UE, frente al bloque representado por China, Rusia y otros países, siguen complicando las discusiones y frenando la cooperación internacional en torno a cuestiones que requieren atención urgente.
Además, otros aspectos de la convención fueron también objeto de prolongadas discusiones, incluyendo el título del tratado ya que no fue posible siquiera alcanzar un consenso sobre la definición de cibercrimen. Rusia, entre otros países, cuestionó la terminología sobre cibercrimen. Finalmente, se acordó el siguiente título: “Convención de las Naciones Unidas contra el delito cibernético (delitos cometidos mediante la utilización de un sistema de tecnología de la información y las comunicaciones)”.
Sin embargo, no puede obviarse que es un paso significativo para llegar a un tratado de aplicación universal. Como se afirma en el preámbulo del proyecto, el objetivo es convenir, con carácter prioritario, una política en materia de justicia penal de alcance mundial con objeto de proteger a la sociedad de la ciberdelincuencia a través, entre otras cosas, de la adopción de la legislación adecuada, el establecimiento de delitos y facultades procesales comunes y el fomento de la cooperación internacional para prevenir y combatir más eficazmente esas actividades.
POR CARLOS DE ICAZA
@CARLOSDEICAZA
EMBAJADOR EMÉRITO Y EXSUBSECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES
PAL
