¿Qué hacemos? Tal cuestionamiento es muy común durante los períodos vacacionales; después, agotado dicho receso, para muchos viene la paz: el regreso a clases. Es una pregunta que, en cualquier momento, deberían responder de manera puntual y profunda el Estado Mexicano, las instituciones educativas, la familia y la propia sociedad.
Los niños, niñas y adolescentes deben ser incluidos; así lo establecen diferentes normas legales y educativas y numerosas políticas públicas, que buscan señalar, proteger y amparar sus necesidades, sus derechos y su desarrollo integral.
¿Qué se ha hecho? Muy poco. Lograr tener las condiciones esenciales para que los menores de edad tengan un crecimiento óptimo en un entorno de bienestar y lograr su máximo desarrollo físico, cognitivo, emocional, social, cultural, moral, recreativo, ético y de ambientes seguros no solo es una obligación del Estado, también lo es de escuelas, centros recreativos y del núcleo familiar y social. El gobierno de México debe tener como prioridad atender lo que incluso es una obligación internacional: las políticas públicas que se refieren al entorno de los menores, pues hoy todo queda en la letra de la ley, dejando la práctica y ejecución al margen.
Hoy, los menores suelen ser utilizados como herramientas de choque entre dos adultos que están disputando su guarda y custodia, sus alimentos y los bienes en un divorcio. Hoy y siempre son constantemente afectados y destruidos por violadores, abusadores y acosadores que actúan en total libertad ante la ausencia de protocolos y áreas de ambientes seguros que protejan la dignidad, integridad y su normal desarrollo psicosexual; nadie sabe qué hacer y cómo actuar. Hoy en el entorno familiar la presencia de la violencia física, psicológica, moral, emocional, sexual y económica a los hijos es común y de todos los días; hoy la violencia escolar o bullying es parte del día a día en los colegios particulares y oficiales; en las primeras, la mayoría solo se ocupa de sus inscripciones y colegiaturas, y en las segundas, de gastar menos y estar en el olvido gubernamental.
El DIF (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia) resulta obsoleto respecto a la atención a la infancia; sus albergues, sus programas para adopciones, apoyo a familias adoptivas y de acogida están muy lejos de lograr el bienestar y desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Nada escuché en las propuestas de campaña al respecto. ¿Será que hoy, con la primera mujer que tomará las riendas del país, sea una prioridad obligada de nuestro gobierno? O, ¿seguiremos creciendo en los ambientes donde hay que luchar contra todas las adversidades para lograr ser hombres de bien y poder forjar nuestro propio “bienestar”? Mientras muchos se quedan en el camino.
Así lo pienso, ¿y tú?
POR JUAN LUIS MONTERO GARCÍA
ABOGADO PENALISTA
@JUANLUISMONTERO
PAL
