Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, convirtieron al poder Legislativo en comparsa que se mueve al son que se le impone desde el Ejecutivo: lento cuando se les indica y acelerando los procesos sin importarles pasar por encima de las normas y del debido proceso; irregularidades que ya les han costado en varias ocasiones, que sus “reformas” sean frenadas y rechazadas por el poder Judicial, por lo cual ahora este poder enfrenta el látigo de su venganza.
Fiel a su actuar expuesto desde el inicio del presente sexenio, en las postrimerías de la 65 legislatura que concluye el 31 de agosto próximo, la mayoría oficialista en el Congreso de la Unión, mete el acelerador para procesar y dictaminar en comisiones, las reformas del paquete enviado por el mandatario el pasado 05 de febrero -18 constitucionales y 2 legales-; las cuales pretenden desde desaparecer organismos autónomos, la adscripción de la Guardia Nacional a la SEDENA, la reforma a la ley electoral, al sistema de pensiones y al poder judicial, entre otras; las cuales ante el rechazo de la oposición de acompañar la mayoría de ellas y que en esos momentos no contaron con la mayoría calificada de dos terceras partes de los diputados, decidieron meter freno proponiendo foros de diálogos nacionales a realizarse del 21 de febrero al 15 de abril, que tenían como objetivo escuchar e integrar las voces de los expertos en estas y otras reformas importantes para el país.
Hasta ahí, todo caminaba perfecto. Por parte de la oposición resaltamos esta postura que daba esperanza de que en los más importantes temas que impactan al país, se integrarán todas las voces; aplaudimos también las declaraciones de la virtual presidenta electa de que la reforma al poder judicial, debería contar con mayor diálogo y tiempo para su discusión, un poco obligada por el nerviosismo causado en los mercados, por las declaraciones del mandatario actual de aprobar con urgencia su propuesta de reforma sin moverle una sola coma en septiembre, ya que según “sus cuentas” de sobrerrepresentación ya contarían con la mayoría calificada.
En los últimos días, hemos sido testigos de un desarrollo alarmante en el Congreso. Se aprobó de manera intempestiva por la mayoría oficialista el calendario para la aprobación de estas reformas. La Comisión de Puntos Constitucionales ha anunciado un maratón legislativo que comenzará el 1 de agosto y concluirá el 22, con el objetivo de procesar una gran cantidad de reformas, incluida la del Poder Judicial. Lo que resulta inquietante es la decisión de llevar todos los temas directamente al Pleno, sin un debate adecuado en las comisiones, lo que implica que se rechazarán de manera sistemática las propuestas de la oposición, y las recogidas en los foros, dando la razón a los que pensaban que estos solo eran una simulación.
La diputada Paulina Rubio, del PAN, ha expresado su preocupación por la falta de claridad y transparencia en este proceso. En una reciente reunión de la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales, señaló la ausencia de un calendario detallado para la discusión de cada reforma, lo que abre la puerta a "albazos" o sorpresas legislativas que podrían impedir un análisis adecuado y una participación informada. Esta crítica es válida y refleja una preocupación más amplia sobre la forma en que se está manejando el proceso legislativo.
La estrategia parece clara: avanzar con celeridad y minimizar el debate, con el solo objetivo de agradar al ejecutivo y concederles sus deseos en el último mes de mandato. El proyecto de dictamen para la reforma electoral y la relacionada con el Poder Judicial se comenzará a elaborar a partir del 9 de agosto, pero las conclusiones de los "Diálogos Nacionales", que deberían informar estas decisiones, aún no se integran en su totalidad. Esto sugiere que las reformas se están impulsando con una agenda predeterminada, priorizando objetivos políticos sobre un proceso legislativo inclusivo y democrático, desafiando los principios básicos de la democracia y la representatividad.
La expectativa con la llegada de un nuevo gobierno era que se abriera un espacio para un diálogo más inclusivo y que se escucharan todas las voces. Sin embargo, sus acciones nos demuestran una realidad distinta: la perpetuación de la centralización del poder y la invisibilización de las minorías y los expertos. Esta reforma, y otras en la agenda, requieren de un análisis detallado y de un proceso de deliberación que considere todas las perspectivas. Los temas que se están discutiendo, tienen implicaciones profundas para nuestro sistema democrático y para la vida de los ciudadanos.
Necesitamos un proceso legislativo que no solo cumpla con los procedimientos formales, sino que también respete el espíritu de la democracia: la inclusión, la transparencia y el respeto por la diversidad de opiniones.
No podemos permitir que los albazos y las decisiones apresuradas se conviertan en la norma.
La ruta para la aprobación de estas reformas está trazada, con una mayoría oficialista que parece tener la capacidad de aprobarlas sin mayores obstáculos. Sin embargo, la historia nos ha enseñado que la voz de la ciudadanía puede marcar la diferencia.
POR DIP. JORGE ROMERO HERRERA
COORDINADOR GPPAN Y PDTE. DE LA JUCOPO
PAL
