Desde el año pasado destaqué en este espacio que la falta intencional de nombramientos por parte del Senado necesariamente debilita a los órganos, pues les obliga a funcionar en condiciones extraordinarias.
En estas semanas se están desahogando miles de juicios y recursos que los actores políticos presentaron en contra de las elecciones federal y locales en las 32 entidades federativas. Todos los tribunales electorales del país, sin excepción alguna, cuentan con al menos una vacante.
Hay casos verdaderamente preocupantes, pues solo tienen a uno de sus integrantes. Funcionan con proyectistas que asumen funciones de magistraturas, a fin de poder sesionar y seguir resolviendo controversias.
El Tribunal Electoral federal no es la excepción. Todas sus Salas Regionales cuentan con una vacante y la Sala Superior funciona con solo 5 de sus 7 integrantes. En noviembre, incluso, terminan su periodo dos más.
Ese caso además ha llamado la atención porque para hacer la declaración de validez y de Presidenta o Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos, o para declarar la nulidad la elección, debe sesionar con la presencia de por lo menos seis de sus integrantes.
Por ello, la semana pasada ese órgano jurisdiccional determinó llamar a la magistrada Claudia Valle Aguilasocho, integrante de la Sala Regional Monterrey, para participar en el proceso de calificación y validez de la elección presidencial, porque reúne la mayor antigüedad tanto en la magistratura regional como en el Poder Judicial de la Federación, y así poder contar con el referido quórum.
Es una decisión acertada y oportuna, se trata de una mujer con una trayectoria profesional destacada; sin embargo, no tardaron en salir las críticas tanto a la determinación como a su perfil. Nada más irresponsable. Como reza la canción, pero qué necesidad. Si los órganos jurisdiccionales del país están funcionando y resolviendo sobre la validez, constitucionalidad y legalidad de las diversas elecciones del dos de junio en condiciones extraordinarias es por la falta en que impunemente ha incurrido el Senado, al no realizar los nombramientos oportunamente.
También llama la atención el desprecio de algunos actores políticos por los tribunales electorales y la sutil forma de presión que se ejerce para que resuelvan rápidamente las impugnaciones que les resultan incómodas.
Me refiero particularmente al caso de la elección presidencial. La Sala Superior tiene hasta el 6 de septiembre para emitir el dictamen correspondiente a su validez y resolver los más de 280 juicios de inconformidad que sobre ella se presentaron. Históricamente el cúmulo de trabajo obliga a consumir el plazo. Hasta ese momento no habrá presidenta electa, incluso, aunque se mira lejana, cabe la posibilidad jurídica de que se decrete su nulidad. No obstante, ya vemos en primeras planas nombramientos de miembros del gabinete, reuniones de trabajo y conferencias de prensa sobre los trabajos de transición del Ejecutivo federal. Nuevamente, pero qué necesidad… cuál es la prisa.
POR GABRIEL MENDOZA ELVIRA
ABOGADO CONSULTOR
@GMENDOZAELVIRA
PAL
