Las primeras decisiones que ha tomado la virtual Presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, confirman que el combate a la corrupción en su gobierno será una política de Estado prioritaria.
Contempla acciones preventivas, de investigación, persecución y judicialización de cualquier acto de corrupción, por lo que se advierte un gobierno implacable con los infractores. La corrupción en México ha sido un problema histórico que ha permeado las instituciones y la vida cotidiana de los ciudadanos por décadas.
Durante los gobiernos del PRIAN, este mal endémico fue normalizado y minimizado con la falacia de que era un “problema cultural”. En realidad, perpetuaron la idea de que era inevitable y, de alguna manera, incorregible. Nada le ha hecho tanto daño al país como la corrupción.
Los ciudadanos veían cómo los recursos destinados al desarrollo y bienestar común eran desviados para enriquecer a unos pocos, generando inconformidad y desconfianza generalizada. Con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador iniciaron cambios de fondo: se impulsó una lucha frontal contra la corrupción y se desmitificó el prejuicio de que era consustancial a los mexicanos. Ahora, con Sheinbaum, se avizora un reforzamiento exponencial del combate a la corrupción.
Por eso la doctora designó a Raquel Buenrostro, actual secretaria de Economía, como la próxima titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), la dependencia encargada de detectar, sancionar y penalizar los actos de corrupción de funcionarios de la administración pública federal.
La designación de Buenrostro es estratégica, ya que como titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT) del gobierno saliente, demostró ser eficiente, incorruptible, ordenada y conocedora de las áreas y procedimientos susceptibles de desvíos del erario. Bajo la responsabilidad de Buenrostro, en la misma SFP, se creará la Agencia Federal Anticorrupción, la cual contará con agentes especializados, debidamente capacitados, que investigarán y perseguirán actos ilícitos de funcionarios, licitantes, proveedores, contratistas y particulares vinculados con hechos de corrupción.
El objetivo central es sustentar las acusaciones, administrativas y penales, con suficientes elementos de prueba para cerrarle el paso a la impunidad. Para complementar esta estrategia anticorrupción, la presidenta electa incorporó a su gabinete al experimentado Pepe Merino como titular de la Agencia de Transformación Digital, un cargo federal de reciente creación.
Tendrá la misión de optimizar la recaudación, optimizar los candados anticorrupción, hacer al país uno de los más interconectados del mundo y consolidar la simplificación administrativa a través de la digitalización de los trámites y servicios públicos. Merino ya lo hizo en la Ciudad de México, el reto es consolidarlo en todo el país.
La modernización administrativa y la fiscalización permanente constituyen, por primera vez, un enfoque integral para erradicar la corrupción. Aunque el desafío es grande, la determinación de la administración Sheinbaum ofrece una nueva esperanza para construir un México más transparente, justo y sin corrupción.
Por: Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, diputado electo Congreso de la CDMX.
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