Uno de los nombramientos más esperados en el gabinete legal que integra la doctora Claudia Sheinbaum, fue sin duda el del titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Incluso, podríamos decir, que se esperaba con cierta morbosidad, por aquello de lo que afirmaban los detractores de la 4T, de que Omar García Harfuch no estaba en el animo del Presidente de la República y el designaría a los responsables de las carteras más importantes del nuevo Gobierno.
La nominación envía dos mensajes contundentes, por un lado, la autodeterminación de la Presidenta electa y por otro, el de un cambio sustantivo en el modelo de seguridad, que seguirá fortaleciéndose con la atención a las causas que incuban la delincuencia, con procesos de investigación y tecnología ampliados y mejorados, además de una nueva relación con los ciudadanos. Como lo hizo en la ciudad de México el hoy Senador electo y virtual Secretario federal.
No obstante, muchos expertos han coincidido en los retos que implica pasar a una fase superior en esta materia, armonizando el “Abrazos no balazos” con una respuesta decisiva, para ejercer el monopolio de la fuerza pública contra los carteles de la delincuencia y los miembros del crimen organizado que dañan con impunidad a la sociedad en su conjunto.
Desde la óptica de diversos conocedores del tema, entre ellos el doctor José Enrique Vallarta, el diseño estructural de la SSPC requiere de ajustes y cambios que coadyuven a la obtención de mejores resultados y una percepción positiva en la sociedad mexicana.
Dentro de las áreas de oportunidad que se visualizan, una fundamental, es el fortalecimiento de la colaboración operativa entre la SSPC y la Guardia Nacional, redefiniendo una estrategia de coordinación entre estos dos órganos del Estado que garanticen mejores resultados en las esferas de inteligencia, investigación y seguridad en carreteras.
Por otro lado, se requiere la modernización y el rediseño de áreas y de Órganos Administrativos desconcentrados, adscritos a la Secretaria federal, por ejemplo, el de la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito; el de la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de la Paz con Entidades Federativas y Regiones; el de la Unidad de Información, Infraestructura Informática y Vinculación Tecnológica; El del Centro Nacional de Información, Plataforma México; El del Centro Nacional de Inteligencia; El del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el de la Coordinación Nacional Anti homicidios.
En ese mismo tenor, se sugiere la creación de un Sistema Nacional de Inteligencia, con el objetivo de proveer a las fiscalías y fuerzas de seguridad, de una base de datos confiables, que contengan información antidelictiva. También, para coadyuvar en el fortalecimiento y la coordinación de las distintas instituciones de procuración de justicia del país.
Otro rubro en el que se necesita incidir es el de la Modernización Normativa de la SSPC, esto, en lo que compete a la actualización del Reglamento Interior de la Secretaria, expedido el 30 de abril de 2019, pues existen disparidades entre la estructura actual y la normatividad vigente.
De igual manera, se propone la actualización de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, expedida el 16 de mayo de 2019, que no incluyó diversos temas de seguridad contemporáneos como la ciberseguridad. Así mismo, se plantea la modernización de Leyes y Reglamentos de los Órganos Administrativos Desconcentrados adscritos a la SSPC. En este sentido, se formula la modernización de los que corresponden a la Guardia Nacional (GN), al Servicio de Protección Federal (SPF), al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), con objeto, que correspondan a su operación, diseño institucional y funcionamiento operativo vigente.
Otro ámbito a fortalecer es la vinculación con organizaciones y organismos ciudadanos, así como con los diversos observatorios de seguridad ciudadanos. Por supuesto y de gran relevancia será el fortalecimiento de los vínculos con asociaciones, cámaras y organismos empresariales para atender las problemáticas sobre extorsión, seguridad en carreteras, seguridad y desarrollo rural, ciberseguridad, y seguridad turística, entre otras.
Un pendiente más es el rediseño de la política penitenciaria en materia de reinserción social, así como los programas y acciones que deriven de ésta, aplicables en los Centros Penitenciarios Federales.
Por si fuese poco, al Congreso de la Unión, tocará hacer reformas a Leyes sustantivas en materia de seguridad y promulgación de nuevas disposiciones normativas, como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad; La Ley General de Seguridad Privada; La Ley General de Extorsión y La Ley General de Ciberseguridad.
Ardua tarea tendrá el Secretario Omar García Harfuch en cuanto tome posesión de su cargo, afortunadamente al empuje de su juventud le precede la experiencia en Dependencias federales y su éxito como Secretario de Seguridad Ciudadana en la ciudad de México.
POR HUMBERTO MORGAN COLÓN
COLABORADOR
@HUMBERTO_MORGAN
PAL
