Recientemente, Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, ha realizado nombramientos clave en su gabinete, incluyendo la designación de Jesús Antonio Esteva Medina como secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Este movimiento es parte de una serie de anuncios en el equipo de Sheinbaum que busca consolidar su agenda política y administrativa.
Por otro lado, el anuncio de la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) tiene como objetivo principal la digitalización de los procesos y trámites de la administración pública en México. Esta agencia, dirigida por José Peña Merino, busca operar sin costo adicional al presupuesto del erario.
La ATDT no será una secretaría de Estado independiente, sino que estará adscrita a la presidencia. Su creación responde a la necesidad de modernizar y hacer más eficientes los procedimientos estatales y sociales mediante la tecnología y la conectividad digital.
Entre sus funciones específicas se encuentra la digitalización del 80% de los trámites administrativos, lo que incluye mejorar la eficiencia en la recaudación tributaria, combatir la evasión fiscal con el uso de inteligencia artificial, agilizar los trámites para la ciudadanía, disminuir la corrupción y crear un vínculo directo entre el gobierno y los ciudadanos.
A pesar de la creación de la nueva agencia y de ambos nombramientos, aún es incierto el futuro que le depara al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Es importante recordar que, por declaraciones del actual presidente López Obrador, se había puesto en duda la continuidad del órgano regulador.
Se ha considerado como una propuesta la eliminación del IFT y la transferencia de sus funciones a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), lo cual genera preocupaciones. Disolver un ente independiente y especializado en el sector no solo perjudicaría la competencia en el mercado de telecomunicaciones, afectando negativamente al consumidor, sino que también crearía inseguridad y desconfianza entre los inversores nacionales e internacionales. Además, contravendría acuerdos comerciales internacionales como el T-MEC.
Adicionalmente, la experiencia internacional subraya la relevancia de mantener reguladores especializados e independientes. Su desaparición en México sería un grave error, trayendo consigo repercusiones negativas para el desarrollo económico y tecnológico del país.
Aunque la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ya ha indicado que habrá diálogo sobre las posibles reformas constitucionales, es necesario recordarle que, en el contexto de la adopción de tecnologías 5G que prometen transformar la infraestructura tecnológica y potenciar la economía digital, la ausencia de un ente regulador independiente podría obstaculizar la dinámica competitiva del mercado.
Esto, a su vez, podría retrasar la implementación de 5G y limitar los beneficios tecnológicos para la población y la economía en general. Por lo tanto, la preservación del IFT se alinea con los objetivos de fomentar un entorno de mercado saludable y competitivo, esencial para el progreso tecnológico y económico de México.
POR GONZALO ROJÓN
COLABORADOR
@GROJONG
EEZ
