Para que un partido político pinte en las elecciones, debe tener registro. Esto es: ser reconocido y contar con la validez otorgada por la autoridad electoral de participar en las contiendas.
Además de poder presentar candidaturas a cargos de elección popular en los distintos niveles de gobierno, cuando los partidos superan este proceso administrativo, comienzan a trazar su futuro al recibir financiamiento público.
Año con año, la Cámara de Diputados aprueba el gasto de las organizaciones partidistas (10 mil 444 millones de pesos para el 2024). La distribución depende de una fórmula, la cual indica que un partido de reciente creación es acreedor del 2% de dicho total.
El registro, también, da tono al otorgar acceso a tiempos oficiales en radio y televisión; la posibilidad de nombrar representantes ante los órganos electorales y participar en las decisiones que estos tomen; así como la facultad de vigilar el desarrollo de las elecciones.
Parte del detalle es que, previo a las urnas, cualquier organización que pretende constituirse como partido político debe comprobar su capacidad de convocatoria y organización.
Para la fecha de registro, éstas debieron haber celebrado asambleas en por lo menos 20 entidades o 200 distritos electorales del país. Además, el número de afiliados debe ser de al menos, el 0.26% del padrón electoral de la elección inmediata anterior; cifra bastante alta en comparación con otros países.
Combinado a esto, para incluirse en el retrato político de la nación, los partidos tienen la obligación de participar en todos los procesos electorales ordinarios, además de alcanzar, mínimo, 3% de la votación nacional – más de 2.5 millones de votos –.
Actualmente México cuenta con siete partidos con registro nacional. Una de las pruebas más grandes, es superar ese 3%; porcentaje que ha costado la existencia de más de 20 agrupaciones en 27 años.
Cabe decir que, si un partido pierde su registro, puede constituirse nuevamente. El desgaste mayor está en el tiempo que tarda para volver a hacerlo y, por supuesto, menor financiamiento del erario.
Otro, si un partido no alcanza el mínimo porcentaje de sufragio a nivel nacional, pero lo logra a nivel estatal, puede obtener registro local. Está también el caso de partidos nacionales que pierden inscripción local.
El 3% es una cuota que solo algunos países toman en cuenta. En España, por ejemplo, para registrar un partido político se requiere únicamente la solicitud de tres ciudadanos. En caso de Argentina y Brasil no hay regulación sobre el mínimo de votación. Está el caso de Venezuela y Paraguay que piden el 1%. O bien, Chile, Guatemala y Perú que exigen 5%.
Requerir cierta cantidad de votos para mantener el registro es apostar por partidos grandes. Así, en lugar de mostrarse con sus diferentes matices, las minorías deben integrarse a colores primarios.
POR MARLENE MIZRAHI
COLABORADORA
@MARLENEMIZRAHI
PAL
