El título de esta colaboración obviamente no se trata de un plagio al nombre la columna de mi amigo Rafael Cardona, sino que pretende explicar lo que los portazos significan.
Estos pueden ser de carácter heroico, como el “Pípila” que pudo abrir las puertas de la Alhóndiga de Granaditas, para darle el triunfo a Miguel Hidalgo, o bien, el bazucazo que destruyó la puerta de la Escuela Nacional Preparatoria de San Ildefonso.
Por otra parte, pueden utilizarse en la persecución de los delitos –cuando existe orden judicial— para allanar un domicilio. Sin embargo, también lo usa la delincuencia para invadir nuestros hogares o para robar nuestras pertenecerías.
En suma, los portazos son de diferente índole y circunstancia. Hoy nos referiremos a la falta de respeto que se tuvo a una entidad, símbolo de la nación, como lo es el Palacio Nacional; no importa quién lo habite, es la representación del Poder Ejecutivo y de la República.
La tolerancia debe tener un límite, por ello, la explicación del Presidente López Obrador quien dijo que “simplemente habría que reparar la puerta con una coperacha”, es francamente inaceptable. El tema no es reparar una puerta, se trata de respetar y hacer respetar la ley, nuestras instituciones y los símbolos, que nos dan un marco constitucional.
Los acontecimientos terribles que sufrió el país, con el asesinato de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, es una herida incurable y abierta, y ha dejado una marca indeleble que nunca sanará. Por eso, los padres de estos estudiantes merecen el respeto y la solidaridad de todos los mexicanos.
Mas allá, de esta innegable expresión de respaldo, no podemos olvidar que vivimos en un Régimen de Derecho y que, sin necesidad de recurrir a una represión sangrienta, el gobierno pudo haber detenido a esta ofensa a la República, que realizaron estos jóvenes, cuya trayectoria ideológica ha estado vinculada –por décadas— a la guerrilla, que en su tiempo encabezaron Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas.
Por supuesto que hay que respetar sus libertades, pero estas se terminan cuando se rompe, abierta e injustificadamente, el Estado de Derecho.
Los acontecimientos de Iguala no han podido ser esclarecidos, a pesar de que el Estado Mexicano –tanto en el gobierno anterior como en este— ha pretendido solucionarlo. El único preso de alto rango –que no es más que un “chivo expiatorio”— es el exProcurador Jesús Murillo Karam.
La verdad es que atrás de estos hechos, indudablemente existen relaciones de corrupción y, muy probablemente, tráfico de estupefacientes, que desembocaron absurdamente con la muerte de estos jóvenes, cuya única culpa ha sido la de creer que la pobreza sólo se puede combatir con la Revolución.
Perdurará en la historia nacional el recuerdo de estos hechos, pero el Estado Mexicano, en este, como en otros tantos casos, debería entender que el respeto a la ley y a las instituciones, es fundamental para la buena marcha de un país, que aspira a un futuro mejor.
POR ALFREDO RÍOS CAMARENA
CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM
PRESIDENTE DEL FRENTE UNIVERSITARIO LATINOAMERICANO (1958-1962)
VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA
MAAZ
