Muchos contribuyentes jóvenes, nacidos en la década de los 90, probablemente desconocen o no comprenden completamente por qué parte de sus impuestos se destina al pago de una deuda que fue contraída por el gobierno en el segundo quinquenio de los años 90. Esta deuda proviene de una decisión unilateral del gobierno para rescatar a los grandes banqueros del país de sus obligaciones financieras, garantizando así los pagos a sus acreedores, inversionistas y ahorradores.
En los años 90, el gobierno mexicano implementó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) para proteger los ahorros bancarios en situaciones de crisis. Sin embargo, tras el "error de diciembre" de 1994, esta medida se transformó en un rescate financiero que convirtió la deuda privada de los bancos en deuda pública. Lo que originalmente se planteó como una medida para proteger a los ahorradores terminó beneficiando principalmente a los grandes banqueros e inversionistas, mientras que los ciudadanos asumieron el costo. En 1998, este esquema fue sustituido por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), pero el principio de cargar esta deuda a los contribuyentes permaneció.
A lo largo de los años, generaciones de mexicanos que no participaron en las decisiones que llevaron al rescate bancario han financiado esta deuda a través de sus impuestos. Aunque en su momento el Fobaproa/IPAB pudo considerarse necesario para evitar un colapso financiero, las circunstancias económicas y sociales actuales exigen un replanteamiento. Actualmente, el IPAB cuenta con más de 100 mil millones de pesos en sus registros, suficientes para afrontar una eventual contingencia financiera, pero el presupuesto federal contempla asignarle 52 mil millones de pesos más para 2025.
La magnitud de estos recursos plantea una pregunta fundamental: ¿es necesario seguir destinándolos al IPAB cuando existen necesidades apremiantes en otros sectores? Con esos 52 mil millones de pesos, se podrían cubrir más de 15 millones de recetas médicas, financiar 66 mil tratamientos contra el cáncer y quimioterapias, o construir al menos 30 hospitales nuevos. En el ámbito de la seguridad, esta cantidad permitiría adquirir más de 8,300 patrullas, contratar y equipar a 30 mil elementos de seguridad, o construir 25 centros de control C5 con tecnología avanzada para combatir la violencia en las ciudades más conflictivas del país.
Conclusión
El debate sobre el IPAB no es meramente financiero, sino también social. En un país donde la salud y la seguridad son temas críticos, es urgente replantear las prioridades presupuestarias. Seguir destinando recursos al IPAB sin cuestionar su necesidad y utilidad actual es perpetuar una carga histórica que podría redirigirse para atender problemas inmediatos y mejorar la calidad de vida de millones de mexicanos. Es momento de priorizar el bienestar colectivo y garantizar que el presupuesto público responda a las necesidades más apremiantes del presente.
POR HÉCTOR SAÚL TÉLLEZ HERNÁNDEZ
VICECOORDINADOR ECONÓMICO DEL GPPAN
PAL
