Para cualquier país en el mundo la importancia de contar con una balanza comercial estable y saludable es primordial en el camino de ser una nación más competitiva y atractiva para la recepción de inversiones procedentes del extranjero. Así mismo, el nivel de competitividad en la economía nacional pudiera apreciarse con mayor claridad, a través del nivel de sofisticación o industrialización e innovación que un país ofrece como alicientes a su población, para insertarse en los diversos niveles de las cadenas de distribución.
Es precisamente en este punto (industrialización), cuando pueden apreciarse los alcances reales de una economía y el verdadero potencial que un gobierno puede llegar a tener para dinamizar la balanza comercial de su país.
En el caso de México, el 2024 ha dejado noticias alentadoras, ya que, de acuerdo con los reportes anunciados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la economía informal representó el 24.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) durante las mediciones realizadas al año 2023. Mientras que el sector formal, aportó 75.2 por ciento del PIB. Con dichos resultados, la dependencia estadística mexicana ilustro de mejor manera, lo que estos resultados han evidenciado, mostrando que las personas ocupadas en la informalidad solamente aportaban 25 pesos de cada 100 a la economía nacional, mientras que aquellas que estaban insertadas en la formalidad aportaron 75 pesos de cada 100.
Con este panorama puede apreciarse que la versión que en muchos círculos de opinión y en el imaginario colectivo se ha tratado de hacer pasar como una verdad incuestionable, no lo es tanto. Por años muchos, opinólogos y miembros de la comentocracia mexicana se han cansado de repetir en innumerables ocasiones que el mercado informal se reduce a la fayuca o al ambulantaje como suelen catalogarlo, desconociendo por supuesto, que esta clase de categorías, no engloban, ni describen adecuadamente, el inmenso universo que abarcan esta clase de actividades y por supuesto, el sector informal.
Y es que, el sector informal (SI) aportó al PIB 13.8 por ciento, mientras que otras modalidades de la informalidad (OMI) generaron el 11 por ciento. El sector informal creció 0.5 por ciento en su tasa de participación y las OMI disminuyeron 0.1 puntos, ambos datos con respecto al 2022.
La informalidad (vale la pena recordar), es aquel sector que se compone de las unidades económicas constituidas por micronegocios que no cuentan con los registros legales básicos para operar, sin embargo, dan miles de empleos y su estructura con la salvedad de no estar incorporados ante el SAT, son similares al de un negocio formal). Por su parte, las OMI (otras modalidades de la informalidad), se componen de los ingresos monetarios generados por los trabajadores en la agricultura, el servicio doméstico remunerado de los hogares, así como, todas las variedades de trabajo que, aunque ligadas a unidades económicas registradas o formales, desempeñan su labor, sin la debida protección legal para las relaciones laborales.
Aunado a lo anterior, en este rubro, pueden localizarse miles de negocios dedicados al comercio minorista y mayorista y muchos servicios cotidianos que se llevan a cabo diariamente y que no necesariamente generan un reporte de actividades ante Hacienda como la jardinería, el trabajo doméstico, etc.
Por otra parte, en cuanto a la distribución de la economía informal en el país, se puede decir que a pesar de que no es uniforme, ha logrado centrarse en el sector del comercio (creciendo al por menor de 28.6 a 28.8 por ciento), mientras que la construcción creció de 14.6 a 14.7 por ciento; el agropecuario, de 11.4 a 11.6 por ciento; y otros servicios, excepto actividades gubernamentales, de 5.8 a 6.1 por ciento.
Lo anterior, simboliza una radiografía ampliamente significativa de lo que debiera representar para el actual gobierno, la orientación y los esfuerzos gubernamentales de la nueva política industrial en el país, la cual, ya está en puerta y la siguiente fase de reestructuración que las oficinas del SAT, deben llevar a cabo, con el propósito de agilizar e incentivar que las pequeñas empresas informales en México puedan incorporarse al régimen de contribuyentes.
El objetivo principal de esta clase de medidas es que la cantidad de personas inmersas en la formalidad puedan seguir incrementándose de manera sustancial mes con mes durante los años venideros. Todo ello, sin dejar de lado que, el paquete de prestaciones e incentivos laborales que ofrezca la industria nacional y extranjera instalada en territorio nacional, se ajusten a una nueva era de mejores condiciones salariales y crediticias para los trabajadores mexicanos, de esta manera mejoraría la competitividad de la planta productiva mexicana.
POR LUIS MIGUEL MARTÍNEZ ANZURES
PRESIDENTE DEL INAP
@DRLMMA56
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