La reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum y enviada al Congreso, busca proteger el ahorro de los trabajadores y fortalecer la vocación constitucional del Instituto, que consiste en satisfacer el derecho humano a la vivienda. La iniciativa ha sido acompañada por la denuncia de diversos actos de corrupción cometidos en el marco de la ley vigente, la cual ha hecho del INFONAVIT una parcela de la que se han adueñado intereses particulares en perjuicio del bien común.
El origen se encuentra en una estructura perniciosa que ha empoderado a elementos que, en el Consejo de Administración, dicen representar a los sectores empresarial y obrero, pero que han llegado al extremo de impedir la supervisión y fiscalización de las cuentas por parte de la Auditoría Superior de la Federación, dificultando la detección y persecución de fraudes cometidos contra la Institución y propiciando la impunidad de los culpables. Los defensores de esta anomalía alegan que el dinero que administra el INFONAVIT no es del Gobierno, sino que es propiedad de los empresarios y de los trabajadores que aportan sus cuotas respectivas, lo cual es un sofisma.
Lo cierto es que los recursos del INFONAVIT, recaudados y administrados por el Estado mexicano, tienen un destino específico de interés público: el desarrollo y construcción de casas habitación para satisfacer el derecho humano a la vivienda. Por ello, corresponde a los órganos del Estado expedir leyes que protejan el patrimonio del Instituto y contribuyan a alcanzar los fines que la Constitución asigna al INFONAVIT.
La ley vigente es producto de la política neoliberal que, con el pretexto de la participación de los distintos sectores sociales, fragmentó al Estado mexicano en parcelas de control y tráfico de influencias, repartidas en beneficio patrimonial de factores reales de poder que han disfrutado a placer de recursos públicos como si fueran sus dueños. En este contexto, y durante la discusión en el Congreso de la iniciativa de ley en comento, han trascendido escandalosos casos de corrupción, lo que hace aún más necesaria la reforma propuesta.
Los grupos de poder que se sienten amenazados por esta iniciativa de reforma legal han acudido a medios de prensa afines para defender lo indefendible y denunciar lo que califican como un intento dictatorial.
Tal actitud ha sido recurrente en la oposición a los gobiernos de la Cuarta Transformación, cada vez que se busca poner freno al saqueo de los recursos públicos. Sin embargo, el propósito de la reforma en trámite es precisamente acabar con estas prácticas, sin perjuicio de que la función de los agentes sociales que participan en la administración del INFONAVIT continúe y se fortalezca.
POR LUIS FERNANDO SALAZAR
PAL
