El sector de telecomunicaciones y radiodifusión en México ha sido, históricamente, un eje crucial para el desarrollo económico y social del país. Sin embargo, la reciente reforma constitucional y la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) presentan un desafío estructural que podría redefinir —para bien o para mal— el panorama regulatorio y competitivo de esta industria.
El nuevo marco institucional, que entrará en vigor en 2025, introduce cambios radicales al dividir las responsabilidades que anteriormente recaían en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Mientras la ATDT asumirá las facultades de política pública, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) se encargará de la gestión del espectro radioeléctrico y los cambios en concesiones. Asimismo, se prevé la creación de un nuevo organismo de competencia económica para supervisar la equidad en el mercado. A primera vista, esta reestructuración parece tener la intención de optimizar y modernizar el sector, pero un análisis más profundo revela importantes riesgos y vacíos institucionales.
Uno de los principales desafíos será la coordinación entre estos nuevos actores. La fragmentación de funciones introduce la posibilidad de conflictos competenciales, duplicidades y la temida “doble ventanilla”, que históricamente ha sido un obstáculo para la eficiencia regulatoria. Además, la pérdida de capital humano especializado, producto de la transición, podría debilitar la capacidad técnica de los nuevos organismos.
Otro punto crítico es la asignación presupuestal. Mientras el IFT enfrentará una drástica reducción de recursos (un 70.2% menos que lo previsto) para su liquidación y conclusión de actividades, la ATDT inicia con un presupuesto significativo de $3,010 millones de pesos. Sin embargo, el éxito no depende únicamente de los recursos asignados, sino de su uso eficiente. Sin una legislación secundaria clara y robusta, los riesgos de ineficiencia y subejecución se amplían.
A pesar de los retos, también hay oportunidades. La centralización de funciones bajo la ATDT podría permitir avances en transformación digital, ciberseguridad y economía de datos. Pero el éxito de estas iniciativas dependerá de la ejecución gubernamental y de la capacidad de articular una estrategia que realmente priorice la modernización de servicios y la inclusión tecnológica. En este sentido, la nueva estructura deberá ser diseñada para fomentar la colaboración y minimizar los conflictos jurisdiccionales.
En conclusión, el rediseño institucional en telecomunicaciones tiene el potencial de modernizar un sector estratégico, pero también podría derivar en un escenario de regresión y menor competitividad si no se ejecuta con precisión. En este punto, la clave estará en el desarrollo de una legislación secundaria que resuelva los vacíos actuales y en la capacidad de los nuevos organismos para coordinarse de manera efectiva.
México no puede permitirse que los beneficios potenciales de este cambio se diluyan en conflictos administrativos y regulatorios. El reloj avanza, y con él, la responsabilidad de asegurar que este paso sea, efectivamente, hacia adelante.
POR GONZALO ROJON
PAL
