En los momentos más oscuros de la vida política, cuando la tentación del autoritarismo parece arrasar con los cimientos institucionales, la resistencia política, intelectual y moral no es solo un derecho, sino un imperativo ético. La deriva actual representa más que una simple transformación gubernamental: constituye un asalto sistemático a los principios fundamentales del Estado de Derecho.
Las reformas implementadas por la mayoría parlamentaria revelan un patrón inquietante: la demolición metódica de los contrapesos institucionales. La supresión de órganos autónomos, la modificación de los mecanismos judiciales y la expansión de facultades ejecutivas configuran un escenario donde el poder se concentra, eliminando los tradicionales espacios de deliberación democrática.
La prisión preventiva oficiosa representa paradigmáticamente esta involución: no solo vulnera principios convencionales de derechos humanos, sino que instituye un mecanismo de control social basado en la presunción de culpabilidad. Es la negación del principio de inocencia, el cual constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad que se precie de ser libre.
Sin embargo, la resistencia no puede manifestarse como mera queja o lamento. Debe ser un ejercicio permanente de construcción de alternativas, de visibilización de los mecanismos de poder, de pedagogía democrática. Hay algunos que se preguntan, ¿cuál es el sentido de que las bancadas opositoras presente propuestas si hay un “destino manifiesto” de que serán rechazadas? No podemos callar, la oposición tiene la responsabilidad de mantener vivo el debate público, de seguir nombrando aquello que el poder pretende invisibilizar.
La batalla política es fundamentalmente cultural y comunicacional. No se trata solo de confrontar la legislación, sino de disputar los sentidos comunes, de revelar las estrategias mediante las cuales el autoritarismo naturaliza su discurso. Cada intervención política debe ser una intervención pedagógica que desnude los mecanismos de dominación.
Pero no basta con el trabajo de los partidos políticos opositores; se requiere una sociedad civil crítica y participativa en movimientos sociales, las organizaciones de derechos humanos, los colectivos académicos, los espacios de reflexión crítica. Su tarea no es meramente reactiva, sino constituyente: imaginar y construir los horizontes de una democracia sustantiva.
El riesgo no es solo la actual configuración de poder, sino la posible cristalización de un modelo que erosione permanentemente los principios republicanos. Por ello, la resistencia debe ser resiliente y propositiva: denunciar, pero también proponer; visibilizar, pero también construir. La democracia no es un estado, sino un proceso permanente de disputa y reconstitución. Cada espacio de debate, cada ejercicio de pensamiento crítico, cada manifestación de desacuerdo, constituye un acto de defensa de la libertad. No vale el silencio.
POR LORENA PIÑON RIVERA
DIPUTADA FEDERAL
@LORENAPIGNON_
MAAZ
