El Congreso de la Unión convocará a un período extraordinario de sesiones para debatir y, en su caso, aprobar varias leyes pendientes, pero sobre todo para modificar el paquete de iniciativas enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el fin de hacer frente al grave problema de las personas desaparecidas y no localizadas en México.
Desde el Palacio Nacional y la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, se han intensificado los trabajos para escuchar de viva voz a madres buscadoras y representantes de organizaciones dedicadas a la localización de personas desaparecidas.
La jefa del Ejecutivo no quiere que ninguna asociación o familia quede sin dar a conocer sus testimonios e historias, pero sobre todo sus necesidades, para que todas sean incluidas en las modificaciones legales que serán debatidas y votadas por la Cámara de Diputados y el Senado de la República.
La prioridad es atacar este fenómeno de raíz y lograr que las familias se sientan atendidas, ya que durante décadas han sufrido el desdén y abandono del gobierno.
Hoy, según promete el gobierno, todo está dispuesto en el Legislativo para que senadores y diputados se pongan a trabajar. Cerrarán su período ordinario el 30 de abril e irán a un extraordinario para atender este asunto de alta prioridad.
El gobierno propone, entre otras cosas, modificar el esquema de operación y las atribuciones de la Comisión Nacional de Búsqueda, actualmente encabezada por Teresa Reyes Sahagún.
En palabras de un alto funcionario federal: es un ente burocrático que no resuelve nada. Carece de fuerza para exigir la colaboración de las fiscales estatales y federales, así como de las comisiones estatales de búsqueda.
Ha funcionado como una planta de ornato que se regó durante muchos años sin rendir frutos, sin atender las necesidades de familias que desconocen el paradero de sus seres queridos.
Lo que se necesita es dotarla de dientes, darle más atribuciones legales y punitivas, así como recursos económicos y tecnológicos para eficientar las labores de búsqueda, lograr un registro único de desaparecidos a nivel nacional y obligar a todos los niveles de gobierno a asumir sus facultades y responsabilidades, pues actualmente existe un descontrol total.
Las víctimas esperan mano dura y que este gobierno deje de esconder el problema, como ocurrió en el sexenio pasado, cuando aumentaron las fosas clandestinas en Jalisco, Guanajuato, Colima, Tamaulipas y Baja California, por mencionar algunos estados.
Las iniciativas harán énfasis en el uso de la tecnología. A las comisiones de búsqueda, por ejemplo, se les dotará de radares, drones y programas para el registro de datos biométricos; mientras que a los servicios forenses se les impondrán plazos para identificar, clasificar y entregar informes sobre hallazgos de restos humanos.
La administración de Sheinbaum busca cerrar resquicios e impedir que los agentes involucrados evadan obligaciones y responsabilidades, como ha sucedido durante años.
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EN EL NOMBRE LLEVA LA PENITENCIA. La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, se ha convertido en una de las funcionarias más incómodas para Palacio Nacional.
El desaire que hizo al gobierno, a madres buscadoras y a organizaciones civiles, que han sostenido una serie de encuentros para atender el problema de los desaparecidos, la mostró de cuerpo completo.
Su ausencia física y su inacción son muestra clara de que la defensa a las garantías individuales no está entre sus prioridades, razón por la que analizan en el gobierno si debe o no seguir en el cargo.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: "Donde hay una madre buscando, hay una patria que no ha muerto".
POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO
ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM
@ALFREDOLEZ
MAAZ
