Los testimonios de sobrevivientes son escalofriantes: al menos cuatro encapuchados tumbaron los portones del centro de rehabilitación Shaddai, en Culiacán. Apuntando con sus armas de alto poder, preguntaron violentamente por “El Pelón”. Al no obtener respuesta, cuestionaron a los internos sobre su filiación a algún grupo delictivo. Más silencio que terminó interrumpido por el ruido de las balas con que mataron a nueve de ellos e hirieron a cinco más. Otros 16 sobrevivieron sin lesiones físicas, pero con una impresión devastadora.
Hecha la masacre, sin éxito en su objetivo, esa misma noche otro comando armado irrumpió en el domicilio de Guillermo Rodríguez Gaxiola, propietario del centro de rehabilitación y líder de la Unión de Redes Contra las Adicciones de Sinaloa (URCAS). Lo sacaron con violencia frente a su familia. Tras más de 24 largas horas de zozobra, su cuerpo fue hallado en una brecha de terracería, baleado y con muchos signos de tortura.
En las horas siguientes, más ataques a otros cinco centros de rehabilitación en Culiacán donde unos 270 pacientes fueron obligados a irse. Informes periodísticos de medios locales documentan que recientemente ha sucedido lo mismo en por lo menos otros 12 de esos lugares, también en Mazatlán.
¿Cuál sería el interés del crimen organizado en someter a los centros de rehabilitación? No es tan simple como evitar que haya menos adictos a las drogas. La experiencia de este tipo de ataques en otros estados como Guanajuato, Baja California, Chihuahua Guerrero, Michoacán y Tamaulipas muestra que los cárteles suelen buscar el control de esas instituciones para usarlas como centros de reclutamiento porque los adictos suelen ser tan estigmatizados que muy pocas personas se preocuparían por ellos si desaparecen.
Otra razón es evitar que bandas rivales usen esos lugares como refugios para ocultarse luego de haber ejecutado a algún enemigo.
Eso explica el informe del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sobre que el ataque en Culiacán fue parte del enfrentamiento entre Los Chapitos y La Mayiza, facciones antagónicas del Cártel de Sinaloa que mantienen asolada a la ciudad desde hace al menos nueve meses.
En el caso de Sinaloa, los datos oficiales dicen que hay 256 centros de rehabilitación, pero únicamente 102 operan con los permisos y autorizaciones necesarios, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 028-SSA2-2009, a cargo de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA).
Queda claro que además hacen falta políticas públicas de seguridad en estados y municipios para quienes busquen superar la adicción a las drogas. Las campañas preventivas son fundamentales, pero es inaceptable que quienes buscan salir de ese infierno tengan tanto peligro de entrar a otro peor, reclutados por el crimen organizado o asesinados.
UNA BUENA NOTA
Totalplay colocó notas adicionales por 200 millones de dólares entre un número limitado de inversionistas, que se suman a sus Notas Senior Garantizadas por 821 millones con vencimiento en 2032, con las mismas condiciones de amortización y la garantía de flujo de efectivo basada en una de las redes de fibra óptica más grandes del país. Esto habla de la solidez de la empresa mexicana de telecomunicaciones, su prestigio en el mercado y su apuesta por México.
POR ADRIANA DELGADO RUIZ
COLABORADORA
@AdriDelgado Ruiz
MAAZ
